El presidente local y portavoz en el Ayuntamiento del Partido Popular, José Loaiza, ha comparecido en rueda de prensa junto a Daniel Sánchez, responsable de políticas medioambientales del PP provincial y, a su vez, delegado territorial de Desarrollo Sostenible.
El objetivo de la convocatoria era, de un lado, aclarar “informaciones anómalas y políticamente interesadas” que están circulando en torno a la declaración de interés público de la playa de La Casería. “En los últimos días -señaló Loaiza- hemos comprobado cómo se ha intentado dar una nueva vuelta de tuerca sobre este asunto para repartir injustamente la responsabilidad de la situación que padecen los caseteros y restauradores de La Casería, y para ello hemos reclamado en San Fernando la presencia de Daniel Sánchez, no solo para que aclare los hechos sino que reafirme la postura de la Junta de Andalucía respecto al mantenimiento de las casetas y bares de aquella zona”.
Hace un mes estuvimos en La Casería y nos comprometimos con los perjudicados por el expediente de recuperación posesoria dictado sobre la zona por la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Entonces anunciamos la apertura del expediente para declarar ese espacio como de interés público, lo que salvaría de la demolición prevista tanto las casetas de pescadores como los dos locales dedicados a la restauración.
La mera apertura del expediente para declarar el poblado de La Casería como zona de interés público ya señala la predisposición de la administración autonómica a informar favorablemente al respecto. Para ello, solicitó a todas las partes interesadas (Demarcación de Costas y Ayuntamiento de San Fernando) los informes sobre los que dictaminar, tal y como se recoge en la Disposición Transitoria Decimotercera del Reglamento de Costas, Real Decreto 876/2014.
Ese apartado de la ley señala que “para la legalización, que podrá ser total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local). El órgano competente para dictar la resolución (la Junta de Andalucía) recabará el informe de las otras administraciones (Costas y Ayuntamiento)”.
“Es lo que hemos hecho”, apuntó Sánchez. A finales de mayo, desde la delegación territorial de Medio Ambiente se requirió tanto al Ayuntamiento como a la Demarcación de Costas la emisión de los preceptivos informes, “pero, en el plazo de un mes que el procedimiento concede para la recepción de la documentación, sólo hemos recibido el informe redactado por el Consistorio isleño que, sin entrar en más detalles, parece estar redactado para salir al paso”. Ante ello, “lo que convendría ahora sería dictar una resolución desfavorable a la legalización de La Casería”.
Lealtad y marcha atrás de la alcaldesa
Daniel Sánchez manifestó de igual forma que “entendemos que la delegación territorial de Desarrollo Sostenible, en ese ejercicio de lealtad que mantiene desde el inicio de esta situación, tanto con el Ayuntamiento como con la propia Demarcación de Costas, no interfirió en la decisión expresada en 2020 tanto por el gobierno local como por Costas de llevar a cabo la recuperación posesoria de los terrenos sobre los que se asientan casetas y locales”.
Ahora bien, tras la contestación social que obtuvo la decisión del Ayuntamiento y Costas de ‘acabar’ con la zona, “la alcaldesa de San Fernando intenta dar marcha atrás en sus intenciones, y lo hace amparándose en el deseo de involucrar a la Junta de Andalucía en este ‘berenjenal’. Quiero resaltar que desde la Junta de Andalucía y desde el propio Partido Popular, además de haber sido leales todo este tiempo lo que queremos es ser sensatos y no caer en juegos de trileros. Estamos hablando de personas que van a tener un grave perjuicio y que no se merecen un trato tan desleal como el que están recibiendo por las dos administraciones gobernadas por el PSOE. La señora Cavada debe ser valiente -recalcó- y asumir su responsabilidad en este asunto”.
Otra oportunidad
No obstante, tanto Loaiza como Sánchez aclararon que, lo central de la convocatoria de prensa era seguir mostrando la predisposición de la Junta de Andalucía a legalizar La Casería. Por ello, y pese a que el plazo para entregar los informes concluyeron el 28 de junio, “hemos sido flexibles, hasta donde podemos, en el procedimiento y volvemos a conceder a Costas otro mes para presentar el informe favorable”
La delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha remitido hoy mismo un nuevo escrito a la Demarcación de Costas en el que esgrime que “atendiendo al interés social de los afectados, (la Junta) muestra su predisposición para la procedencia a la declaración de interés público de las ocupaciones, en su caso, y por ello, considera conveniente reiterar a esa Demarcación de Costas la emisión, en el plazo de un mes, de dicho informe”. Esto es, “Costas cuenta con otro mes para presentar el informe que salvaría de la demolición las construcciones de la playa de La Casería”, aseveró Daniel Sánchez.
Por último, José Loaiza, señaló directamente a la alcaldesa socialista pidiéndole que “no confunda a la gente diciendo que la Junta debe emitir un informe cuando la ley es muy clara en señalar el procedimiento. Lo que Cavada tiene que hacer es hablar con el Ministerio para la Transición Ecológica para que dé marcha atrás y emita el informe favorable a la declaración de la zona como de interés público”.
