La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha ampliado con 5,5 millones el crédito destinado al refuerzo de los servicios sociales comunitarios dentro del Plan de Choque para la atención a la dependencia, que permitirán contratar a unas 350 personas en la comunidad. Estos fondos, de los que 756.155,64 euros corresponden a la provincia de Cádiz, permitirán dar más celeridad y mejorar la atención a las personas cuyos expedientes están en tramitación, y se repartirán entre los 15 ayuntamientos de municipios con población superior a los 20.000 habitantes y la Diputación provincial.
En el caso de Cádiz, los 756.155,64 euros se repartirán entre la Diputación (142.330,50 euros) y los ayuntamientos. En San Fernando son 50.707,10 euros.
Según recoge el acuerdo de distribución, aprobado ya por el Consejo de Gobierno, estos fondos tienen por objetivo el refuerzo de personal encargado de realizar la gestión de solicitudes para el reconocimiento de la situación de dependencia y la elaboración del informe social y propuesta del Programa Individual de Atención (tanto en su trámite inicial como de revisión). El personal cuya contratación es financiada contará con titulación de Asistente Social o Diplomatura en Trabajo Social.
La Consejería de Igualdad había destinado para el año 2021 un total de 11.000.940,10 euros para refuerzo de personal en el desarrollo de las competencias en materia de dependencia en las entidades locales. Era la primera vez que se ampliaba esa cifra desde 2012, con un incremento de 710.070,10 euros.
Posteriormente, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia aprobó en enero de 2021 el Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, entre cuyos objetivos prioritarios se encuentra la reducción de forma sustancial de la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema.
Asimismo, los objetivos y medidas incluidos en el convenio también se dirigen a asegurar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAAD y la introducción de mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar una atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad.
En este sentido, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA), competente en la materia, será el organismo encargado de abonar los fondos a las entidades locales y diputaciones. Éstas deberán garantizar el desarrollo de las competencias que se asumen en la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. Por su parte, la ASSDA podrá requerirles información relativa al personal contratado con cargo a los créditos asignados en virtud del presente acuerdo, así como a realizar las comprobaciones pertinentes en los sistemas de información habilitados para el ejercicio de las competencias atribuidas a las Entidades Locales.
