El presidente del PP de San Fernando, José Loaiza, ha reclamado al Gobierno municipal que cumpla “de una vez” con la Ley y proceda a la retirada del rótulo colocado de manera irregular en la fachada del Ayuntamiento en octubre del pasado año.
Pese a que la Delegación Territorial de Cultura ya ha abierto un expediente sancionador por ese hecho, “Patricia Cavada continúa aferrándose a su propio y equivocado criterio, lo que puede conllevar que no solo tenga que quitar el letrero sino que tenga que hacer frente a una multa que, al final, nos tocará pagar a todos los isleños”.
Hasta el momento, el rótulo y su colocación han supuesto un desembolso de casi 10.000 euros a las arcas municipales. A esa cantidad habrá que sumar la relativa a su retirada de la fachada, “y, si no se pone remedio, a una sanción económica”.
Es precisamente por ello que José Loaiza ya pidió en marzo al Ayuntamiento el inicio de un expediente de responsabilidad patrimonial de las autoridades y empleados públicos, como recoge el Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 36, para depurar esa responsabilidad y al final paguen los responsables de sus propios bolsillos y no con fondos públicos.
Loaiza recuerda que la leyenda “Casas Consistoriales” que desde hace un año puede apreciarse en la fachada principal del Ayuntamiento, no contaba con la autorización del órgano competente, en este caso la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
“Al tratarse de un monumento con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier modificación o cambio debe ser supervisado y contar con la autorización de la instancia superior, en este caso la Consejería de Cultura, tal y como dicta la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 33.2”, apunta el edil popular.
A todo ello se suma la falta de voluntad demostrada y el engaño permanente en el que Cavada está envolviendo su gestión al frente del Ayuntamiento. Prueba de ello es que la alcaldesa socialista continúa pleiteando contra la Delegación de Cultura por este hecho pese a que ya en marzo aseguró que había dado por zanjada la polémica y dado orden para la retirada del letrero. “Ese es el valor que tiene la palabra del Gobierno municipal”, concluyó.
