El Gobierno local de San Fernando llevará mañana al pleno la propuesta de aplicar la bonificación del 95% del IBI previsto en las ordenanzas fiscales de la ciudad a las personas inquilinas de las viviendas de alquiler social de la empresa pública Empresa de Suelo Isleña (Esisa), que pronto será Hemsa, y de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de la Junta de Andalucía.
El delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, ha resaltado que esta es una de las bonificaciones previstas en el pago de tasas y tributos, que mantienen la promoción de la igualdad, el refuerzo del escudo social y la protección para todos y todas en la ciudad. Hay que recordar que, en total, el conjunto de bonificaciones prevé alcanzar los cinco millones de euros.
Rodríguez ha apuntado que un año más el Consistorio aplica esta medida de carácter social que tiene como objetivo beneficiar y mejorar la situación de las familias con recursos más limitados y escasos recursos que son las adjudicatarias de estos arrendamientos.
Además, el edil ha recordado que este año se da la novedad de que la modificación de las Ordenanzas Fiscales aprobada para el ejercicio 2023 incluye el aumento hasta el máximo legal del 95% la bonificación del IBI para los inmuebles que se dediquen al alquiler social de la vivienda. Hasta ahora la bonificación era del 70%.
El delegado de Presidencia ha cuantificado el importante impacto de esta medida, que va a aliviar las cargas impositivas a un total de 501 familias, de las cuales 227 residen en viviendas que son gestionadas por Esisa, mientras que otras 274 lo hacen en inmuebles viviendas propiedad de AVRA.
En concreto, la medida que se lleva al pleno ordinario de este mes es la declaración de actividad de especial interés o utilidad pública municipal y bonificación del IBI 2023, lo que puede hacerse en aplicación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, según la cual los ayuntamientos pueden regular, mediante ordenanza, la bonificación de un porcentaje de la cuota íntegra del IBI a favor de inmuebles en los que concurran circunstancias sociales.
En palabras de Rodríguez, “esta bonificación se hace en beneficio de las familias que residen en alguna de las viviendas del parque público y que, precisamente, son adjudicatarias de estos inmuebles al contar con ingresos reducidos y tener rentas más ajustadas. Y desde este Gobierno no solo hemos cumplido el compromiso de aplicar y a mantener esta medida de corte social, sino que la hemos aumentado hasta el máximo legal posible del 95%. Además, hay que insistir en que esta decisión tiene una repercusión directa en la calidad de vida de las personas, que ya no están obligadas a hacer frente de forma íntegra al pago de este impuesto”.
Rodríguez también ha informado que, en paralelo a esta aplicación de la reducción del IBI, las familias isleñas que residen en viviendas de alquiler social también se van a beneficiar de la congelación de su renta. Y es que entre los puntos aprobados en el último consejo de administración de la empresa municipal también hay que destacar que se dio luz verde a la propuesta de congelar los alquileres sociales de las viviendas de Esisa, y así evitar cualquier subida.
Esta es la segunda anualidad en la que se toma esta medida en apoyo a las familias isleñas que residen en estas viviendas públicas municipales, y que sigue la línea de las aplicadas por el Gobierno central, que ante la subida generalizada de precios ha prorrogado hasta finales de 2023 un límite extraordinario para topar las subidas al 2% anual a los contratos de alquiler de viviendas.
