Luxemburgo, el país más rico de la Unión Europea, encara la segunda legislatura del liberal Xavier Bettel al frente de una coalición con socialistas y ecologistas y una agenda que contempla la gratuidad del transporte público, la legalización del cannabis, un alza del salario mínimo y un impulso medioambiental.

"Es un programa ambicioso y moderno", ha definido Bettel el acuerdo para los próximos cinco años de Gobierno, que echará a andar el próximo lunes tras haber nombrado a los ministros de la llamada "coalición Gambia", por los colores de la bandera de ese país africano y los partidos luxemburgueses que la sostienen.

Tras un exitoso primer mandato entre 2013 y 2018, el primer ministro quiere proseguir con su agenda progresista en este país cuya población que no llega a los 600.000 habitantes y un PIB per cápita que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúa en 104.027 dólares, junto a otros pequeños Estados opulentos como Qatar, Singapur, Mónaco o Macao.

En 2013, y con solo 40 años, Bettel llegó al poder desbancando con aritmética parlamentaria al ahora presidente de la Comisión Europea, el conservador Jean-Claude Juncker, quien había dirigido el país en los últimos 18 años al frente del CSV, partido democristiano que ha ganado todas las elecciones desde la Segunda Guerra Mundial salvo las de 1974.

En su primer mandato, Bettel aprobó el matrimonio homosexual y en 2015 se casó con el arquitecto belga Gauthier Destenay, quien le acompaña como consorte en actos oficiales.

Dejaba así constancia de los nuevos aires que quería insuflar a un país con una economía que en los noventa fue abandonando la siderurgia como motor de crecimiento para centrarse en el pujante sector financiero, que en 2016 representaba el 26 % de su producto interior bruto (PIB).

Al igual que en los comicios de 2013, los conservadores fueron la fuerza más votada el pasado octubre, pero Bettel, ahora con 45 años, ha vuelto a revalidar su ajustada coalición de Gobierno con 31 de los 60 escaños del Parlamento (12 para los liberales, 10 para los socialistas y 9 para los ecologistas).

El nuevo Ejecutivo contará con 17 ministros (6 liberales, 6 socialistas y 5 ecologistas) y con dos viceprimeros ministros, si bien solo habrá cinco mujeres en el Gabinete, menos de un tercio del Gobierno.

Entre las medidas más llamativas de su programa destaca una apuesta por el transporte que ayude a Luxemburgo a cumplir con los compromisos de reducción de emisiones del Acuerdo de París contra el cambio climático.

Desde el pasado agosto, los menores de 20 años no pagan el transporte en Luxemburgo, pero el Gran Ducado quiere ahora convertirse en el primer Estado del mundo en extender la gratuidad de trenes, autobuses y tranvías al conjunto de la población y en todo el territorio para 2020.

Se trata de una de las medida estrella de un Gobierno dispuesto también a elevar los impuestos a los carburantes en 2019, si bien aún no existe fecha ni monto para un gravamen similar al que ha desatado en la vecina Francia la oleada de protestas de los "chalecos amarillos".

Antes, el Ejecutivo de Luxemburgo quiere analizar cómo afectaría al llamado "turismo de gasolinera", en referencia a los conductores alemanes y franceses que atraviesan la frontera para repostar en el Gran Ducado, donde llenar un depósito de 50 litros es actualmente unos 5 euros más barato que en Francia.

Cerca de 200.000 que trabajan en Luxemburgo residen en países vecinos como Francia o Alemania y atraviesan la frontera cada mañana para contribuir al aparato productivo de un país de solo 2.586 kilómetros cuadrados que cerrará el 2018 con un avance del PIB del 3,1 %, una tasa de paro del 5,3 %, un déficit del 1,3 % y una deuda del 21,4 %, según las estimaciones de la Comisión Europea.

Otra de las iniciativas del Gobierno, enfocada a reducir las desigualdades, pasa por aumentar el salario mínimo en 100 euros netos al mes a partir del 1 de enero de 2019 sobre el umbral mínimo de 2.048 euros brutos para los trabajadores sin cualificación y de 2.458 para los más formados. Además, se acordarán dos días más de vacaciones.

El Ejecutivo de Bettel quiere también "despenalizar, o incluso legalizar (...) la producción en el territorio nacional al igual que la compra, la posesión y el consumo de cannabis recreativo para uso personal de los residentes mayores de edad", una iniciativa que llevará tiempo pues cuenta con la rotunda oposición de las formaciones conservadoras CSV y ADR.