La casualidad del calendario –el primer cierre cautelar de ambos macroprostíbulos vencía anteayer–, ha querido que la decisión de la juez de prorrogar el cierre del Riviera y del Saratoga haya coincidido con el rebrote en Cataluña del debate sobre la necesidad o no de regularizar la prostitución y de prohibir la actividad de las meretrices en la calle.
Precisamente, representantes del sector de la prostitución consultados por Efe se quejaron en la jornada de ayer de la “hipocresía” que supone a su juicio que, por un lado, se quiera prohibir la prostitución en las calles y, por el otro, la justicia cierre burdeles.
La Fiscalía había pedido este fin de semana a la juez la prórroga del cierre del Riviera y del Saratoga, los dos macroburdeles más grandes de Barcelona, para evitar que se cometan en su interior delitos como inducción a la prostitución o tráfico ilegal de personas, que fueron los que motivaron la investigación judicial.
La juez decidió hace medio año cerrar bajo precinto policial ambos macroburdeles en el marco de una compleja investigación sobre la existencia de una supuesta red de corrupción policial relacionada con los burdeles, ya que al parecer algunos ex altos cargos de la Policía Nacional recibían sobornos para hacer la vista gorda en sus inspecciones y avisarles de las redadas.
Poco después, la juez abrió una nueva vía de investigación al detectar una red de abogados y policías que extorsionaba supuestamente a los prostíbulos, que la llevó hasta funcionarios municipales de Barcelona, que, a su vez, fueron salpicados por presuntas irregularidades en la inspección y tramitación de licencias para locales públicos.
