La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que se dedicaba presuntamente al robo, tratamiento y posterior venta de cobre procedente del cableado telefónico y eléctrico, en una operación en la que han sido detenidas 55 personas y han sido incautadas 20 toneladas de este material.

De la operación Gallinero, que es como se llama la zona del poblado marginal de la Cañada Real Galiana en Madrid donde se asentaba el grupo, informó ayer el comandante de la Guardia Civil Javier Rogero, coordinador del Seprona.

Las detenciones se han practicado en su inmensa mayoría en la Comunidad de Madrid y los arrestados son todos rumanos, excepto siete españoles –los chatarreros que les compraban el cobre–, que también han sido arrestados en esta provincia y en Toledo.

A los detenidos se les imputan más de 50 robos en las Comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad valenciana y Andalucía, y algunos de ellos, según la Guardia Civil, dejaron incomunicadas por vía telefónica a poblaciones enteras, cuyos habitantes vieron limitados los accesos a los servicios básicos y, sobre todo, a los de emergencias.

Por este motivo, los investigadores pretenden que estos hechos no se contemplen como meros robos con fuerza pues el material sustraído es “altamente sensible” y se han dejado incomunicadas durante dos o tres días a pequeñas poblaciones.

Los detenidos, con antecedentes por hechos similares y en algunos casos arrestados hasta diez veces, cometían dos o tres robos durante la noche y en una ocasión llegaron a sustraer unos ocho kilómetros de cable telefónico en la provincia de Sevilla.

Los agentes llevaban cuatro meses detrás del grupo, que se dedicaba al robo de cable telefónico y también, en su última etapa, a la sustracción de cable eléctrico procedente de huertos solares.

El grupo estaba “perfectamente organizado” ya que, primero, antes de cometer el robo, se desplazaba al lugar elegido para efectuar los ojeos, es decir, observaban a plena luz del día la zona para comprobar las medidas de seguridad.

En la operación han sido inspeccionadas cuatro chatarrerías, tres ubicadas en la provincia de Madrid y una cuarta en Toledo, y la Guardia Civil considera a los receptadores detenidos cooperadores necesarios para el delito.