El Ministerio de Cultura envió ayer a los representantes del sector cinematográfico y también, aunque no es un trámite obligatorio, a los grupos parlamentarios, el texto del proyecto de orden ministerial por la que se dictan normas de aplicación de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine y su normativa de desarrollo.
Se inicia así el período de consultas sobre el texto entre los sectores, los organismos de la Administración, las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea, que será la última en pronunciarse, por lo que su aprobación definitiva y su publicación estará lista probablemente en otoño, según adelantó recientemente el director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Guardans.
La orden, según informa el Ministerio de Cultura, tiene como contenido fundamental la regulación de las ayudas a la cinematografía previstas en la Ley del Cine, "fundadas en la necesidad de apoyar la diversidad cultural, tal como autoriza la Convención de la Unesco de 2005, y como es habitual en todos los países de la Unión Europea".
Como objetivos comunes a la regulación de todas las ayudas, destaca "el intento de lograr la máxima simplificación administrativa, con especial atención a la administración electrónica, y la fijación de criterios precisos que, aplicados con la máxima transparencia, garantizan la mayor legitimidad en la concesión de las ayudas en los casos en que estas no se configuran con carácter automático".
Como novedades destaca que las ayudas para la elaboración de guiones de largometrajes quedan limitadas a un máximo total de doce anuales, incrementando sustancialmente su dotación e incentivando su vinculación tanto a las posteriores ayudas al desarrollo de proyectos como a las propias ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto.
De esta manera, las condiciones para obtener una ayuda serán vinculables, de tal modo que una persona que consiga la subvención al guión, podrá optar como productor a la de desarrollo de ese guión y también a la de ejecución del proyecto, aunque en la mayoría de los casos no serán acumulables y nunca superarán el 50% del coste de una película o el 75% de la inversión del productor.
La orden detalla el procedimiento para conceder ayudas inexistentes antes, como es el caso de las destinadas a series de animación y a telefilmes -en un principio Cultura hacía referencia por error a las series de televisión- o de las ayudas a la formación no reglada o a la conservación, e incluye el cine iberoamericano en el marco de las subvenciones a la distribución.
Las nuevas "ayudas a la amortización", destinadas a los nuevos rodajes, mantienen su doble estructura, por un lado de "ayuda general", que se medirá en función del número de espectadores, un concepto en el que en adelante se incluirán otras formas de consumo cinematográfico, como el alquiler o venta de DVD, o las descargas por internet.
En este último punto, la orden advierte que "quedará en suspenso en tanto no se establezcan los correspondientes sistemas de homologación por parte del ICAA".
Por otro lado, está la "ayuda complementaria", que se calculará tomando en consideración otros factores distintos a la taquilla: que sea una producción independiente o un documental, que participe en festivales o reciba premios, o que su versión original sea en una lengua española distinta del castellano.
También se tendrá en cuenta el nivel de riesgo asumido por el productor en cuanto a la inversión y la apuesta por nuevas tecnologías de proyección digital, como puede ser el 3D.
La orden también recoge otros aspectos técnicos de mucha relevancia práctica, como son los procedimientos de reconocimiento de coste de una película e inversión del productor, así como la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.-
