La organización Human Rights Watch (HRW) instó al Gobierno de Tailandia a detener el envío forzoso de inmigrantes de la etnia uigur a China, donde estas personas se enfrentan a la persecución, indicó en un comunicado.
Las autoridades tailandesas confirmaron ayer que unos 100 uigures, que fueron detenidos en territorio tailandés el año pasado durante su viaje con destino a Turquía, fueron enviados a China, tras negociaciones a tres bandas con Pekín y Ankara.
"Tailandia ha cedido de manera cobarde a las presiones de Pekín y ha despojado a estas personas de su única protección (...) los riesgos de los uigures en China son severos y bien fundados, por lo que es urgente proteger de la expulsión forzosa o devolución en Tailandia a quien China reclame como uigur", apuntó Sophie Richardson, directora para China de HRW.
Según la organización, al menos 65 uigures aún permanecen en las instalaciones militares o de inmigración en el país del Sudeste Asiático, mientras la semana pasada otros 170 fueron deportados a Turquía, después de certificar que tenían la ciudadanía turca.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló la víspera estar "sorprendida" por la "flagrante violación de las leyes internacionales" por parte de Bangkok al deportar los uigures a China.
"Tailandia debe dejar claro que no violará más el derecho internacional y anunciar de inmediato una suspensión para la deportación de esta minoría étnica a China", sentenció la directora para China de HRW.
A principios del año pasado, las autoridades tailandesas detuvieron en el sur del país a un grupo de 408 inmigrantes, incluidos varios chinos musulmanes de la minoría uigur, que entraron de manera irregular en territorio tailandés.
El Congreso Mundial Uigur, una ONG con sede en Alemania, denunció que los uigures tuvieron que huir de la represión en China, mientras que Pekín considera que salieron ilegalmente del país.
La minoría uigur, una comunidad emparentada con pueblos de Asia Central que profesa la religión musulmana, vive en la provincia de Xinjiang, que se ha convertido en los últimos años en foco de tensiones entre éstos y las autoridades chinas y la mayoría han.
Mientras Pekín acusa a grupos islamistas e independentistas uigures de ser responsables de la violencia, algunos portavoces de esta minoría en el exilio la atribuyen a la discriminación y represión política y religiosa que la comunidad sufre por parte del régimen.
Grupos uigures en el exilio niegan asimismo la existencia de grupos terroristas en la región como el Movimiento del Turquestán Oriental (ETIM, siglas en inglés), al que el Gobierno chino suele atribuir algunos atentados ocurridos tanto en Xinjiang como en el resto del país, si bien no consta que el grupo los reclame.
