Así lo consideró el fiscal Fernando Burgos en la exposición de su informe final ante el tribunal de la Audiencia Nacional que desde el pasado 24 de marzo juzga al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.
Las cuatro acusaciones en esta causa han respaldado las conclusiones del fiscal en sus respectivos informes, que también expusieron ayer en la octava y previsiblemente penúltima sesión del juicio, aunque fueron más allá y pidieron que se investigue quiénes fueron los “autores intelectuales” de las órdenes que provocaron las identificaciones erróneas.
Uno de estos letrados, Diego Sarabia, reclamó la deducción del testimonio del general Félix Sanz Roldán y del ex jefe del Estado Mayor del Ejército Luis Alejandre para que se les investigue por falso testimonio y la misma medida respecto del entonces número tres de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, de quien considera que pudo incurrir en un delito de encubrimiento.
Según Sarabia, “el único beneficio que se conseguía con la pronta celebración del funeral de Estado”, causa de los errores en las identificaciones, era “un beneficio político”.
El representante de otra de estas acusaciones, Leopoldo Torres, denunció por su parte que ha habido una “trama de terceras personas” que “han ocultado el delito para impedir su descubrimiento o han dificultado la investigación judicial abusando de funciones públicas”, por lo que también pidió que se deduzca testimonio a esas personas, aunque no las identificó.
Con el objeto de demostrar la existencia de esa “invención” a la que aludía en su informe, el fiscal recordó que la lista elaborada por Navarro era un documento con una redacción “cínica” de las necropsias de los militares fallecidos en el accidente del avión ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
La decisión de falsear estos datos “estaba tomada desde el primer momento”, sostuvo el fiscal, apoyándose en indicios tales como que el equipo español que viajó a Turquía contara con un biólogo y un odontólogo que no utilizaron, que no se tomaran muestras de ADN, que no se elaborara programa alguno de trabajo o que los tres acusados abandonaran el hotel tras pernoctar la primera noche.
Ese falseamiento de las necropsias, dijo, llevó después a la de los certificados de defunción, las licencias de enterramiento y los registros de los cementerios, lo que supone un delito continuado de falsedad. A su juicio, Navarro era “dominador” de todos estos actos de falsedad.
Las familias piden que se siga investigando
El abogado de una de las acusaciones que ejercen las familias de las víctimas del ‘Yak-42’ ha pedido al tribunal que juzga el caso que se sigan investigando los hechos hasta que se conozca quien ordenó la repatriación de los cadáveres de los militares sin identificar.
En la exposición del informe final en la Audiencia Nacional, el letrado Leopoldo Gay, recordó que “hay personas que tenían que haber acudido al juicio” porque habrían arrojado “más luz” al proceso, entre las que citó al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, el ex ministro de Defensa Federico Trillo o el jefe del Estado Mayor de la Defensa.
