Los testimonios de familiares de los militares muertos en el accidente del Yak-42 protagonizaron ayer el juicio en la Audiencia Nacional, en el que el general Félix Sanz, jefe del Estado Mayor de la Defensa un año después del siniestro, reveló que la cúpula militar planteó a Defensa no entregar los cuerpos sin identificar. 

Sanz Roldán, que fue el máximo responsable de la cúpula militar en la época de José Bono, ha afirmado que el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre, le dijo el 29 de junio de 2004 que los mandos militares propusieron al Ministerio de Defensa, un día antes del funeral de Estado, que se entregaran los cuerpos de los militares identificados a las familias y demorar los demás. 

Según relató Sanz Roldán, Alejandre le concretó que en una reunión celebrada el día antes del funeral de Estado (28 de mayo de 2003), en un despacho anexo al del entonces ministro Federico Trillo había recibido la noticia de que no todos los cuerpos estaban identificados al llegar a España. 

Esta versión ha sido inmediatamente negada por el que fuera jefe de gabinete del ministro de Defensa Federico Trillo, Manuel Ramón Bretón, quien dijo: “No recuerdo absolutamente nada de eso. Yo no le oí decir eso”. 

Tras su interrogatorio, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, a instancias de la defensa del general Vicente Navarro, ordenó citar a Alejandre para que declare el próximo 31 de marzo. Preguntado en los pasillos del Congreso, Federico Trillo eludió hacer declaraciones sobre el desarrollo del juicio. 

También declaró como testigo en la sesión matinal el ex cónsul de España en Turquía, Raimundo Ezquerro, quien dijo que “entendí que estaba completada la identificación de los 62 militares cuando se los llevaron a Madrid”. 

Sin embargo, la parte más emotiva de la jornada la protagonizaron los familiares de los militares fallecidos. Entre lágrimas y sollozos, siete familiares expresaron el dolor vivido al recibir los restos equivocados de sus parientes y denunciaron que sufrieron “engaños” y “maltrato psicológico” por parte de los responsables del Ministerio de Defensa.

Testimonios de familiares 

Teresa Jiménez, esposa del brigada fallecido Juan Carlos Jiménez, explicó que le entregaron “el ataúd cerrado” el día del funeral y ante sus sospechas sobre los restos recibidos de su marido en Defensa “nos respondieron que estuviera tranquila: Juan Carlos ha sido bien identificado”. 

Sin embargo, el 1 de septiembre de 2004 le llegó la comunicación formal del error y en noviembre obtuvieron sus cenizas, que volvieron a enterrar. 

Amparo Gil, madre del sargento fallecido Francisco Cardona, también recordó que le negaron su petición de abrir el féretro el día del funeral. 

“Dudé desde el principio de que me hubieran entregado los restos de mi hijo. Mi corazón sabía que no teníamos a mi hijo”, declaró Amparo entre lágrimas. 

Carlos Ripollés, hermano de otro de los militares fallecidos, ha asegurado que “se dieron órdenes para enterrarlos de noche como si fueran perros o terroristas”. Se quejó de que les entregaron los restos de sus familiares sin ningún tipo de documentación, ni de certificado de defunción, “sólo una caja con una chapa y nada más”.