El Consejo de Estado ha remitido un informe al Gobierno en el que, para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral, plantea aumentar los diputados de 350 a 400, reducir de dos a uno el mínimo que se elige en cada provincia y sustituir el sistema D’Hont para la atribución de escaños. 

El informe, al que ha tenido acceso Efe y que fue enviado este viernes por el Consejo de Ministros al Congreso, fue solicitado por el Ejecutivo el pasado mes de junio para los trabajos de la subcomisión del Congreso encargada de debatir las reformas que se consideren necesarias para mejorar la ley electoral (Loreg). 

A lo largo de 370 páginas, el Consejo de Estado analiza diversas cuestiones puestas sobre la mesa para reformar el sistema electoral, y en el apartado relativo a la elección de diputados, el texto subraya que hay aspectos que podrían ser susceptibles de mejora para garantizar la igualdad de electores y partidos políticos en el proceso y para revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes. 

Esta institución resalta que el hecho de que la Loreg fije una representación mínima inicial por provincia de dos diputados implica que el número de votos necesarios para la atribución de un escaño presente importantes desviaciones de unas circunscripciones a otras. 

Para lograr una mejora en la igualdad del poder de voto, propone medidas como la reducción de esa representación a un diputado por provincia y el aumento a 400 del número de integrantes de la Cámara Baja. 

Esta cifra es la que cita la Constitución en su artículo 68.2 como límite máximo de diputados. 

Con el fin de mejorar la proporcionalidad, expone también la sustitución de la fórmula D’Hondt por otra distinta, y señala que el denominado método Hare sería, según las simulaciones realizadas, el que aportaría la mayor proporcionalidad. 

A ese objetivo contribuiría también el hecho de que en el escrutinio de los votos, los restos sobrantes de los partidos en cada provincia (es decir, los sufragios que no han servido a las respectivas candidaturas para obtener escaños) se contabilicen de forma conjunta para la atribución de escaños adicionales. 

Al respecto, el Consejo subraya que las objeciones de naturaleza constitucional que suelen oponerse a este mecanismo de compensación parecen superables en la medida en que la provincia seguiría siendo la única circunscripción electoral, y sólo los votos sobrantes tras el escrutinio provincial podrían utilizarse para tal cometido. 

El informe advierte de que el aumento de la proporcionalidad del sistema electoral determinará el acceso al Congreso de partidos que en la actualidad no tienen representación parlamentaria. Asimismo, precisa que no es improbable que una modificación de la legislación electoral pueda originar ciertos cambios en la intención de voto de los electores por el previsible trasvase del denominado voto útil desde los partidos mayoritarios a otros más pequeños. 

Y también ve factible que, dada la mayor facilidad para obtener representación, el número de candidaturas electorales se incremente, lo que llevaría a una mayor fragmentación parlamentaria, “aunque no necesariamente excesiva”.