Las fuerzas de seguridad de Bahréin han arrestado a seis personas en el marco de una manifestación convocada por el partido opositor Wefaq para protestar contra la confirmación por parte de un tribunal civil de las condenas dictadas por una corte marcial contra una veintena de líderes de las movilizaciones antigubernamentales de 2011, a los que se acusa de conspirar para derrocar la monarquía y de colaborar con países como Irán, uno de sus principales enemigos.
Los seis detenidos están acusado de "participar en actos de vandalismo y sabotaje", según ha dicho el Ministerio de Interior bahreiní, que ha subrayado que "se tomarán medidas legales" contra ellos, según ha informado la agencia estatal bahreiní, BNA.
Además, el ministerio ha hecho responsable a Wefaq de "los actos de violencia y sabotaje". "Ejercitar los derechos y libertad de prensa no tiene nada que ver con los intentos de dañar la economía del país, el vandalismo y los actos de violencia y sabotaje", ha subrayado.
El Gobierno de Bahréin anunció el jueves que la manifestación era "ilegal". A través de su cuenta oficial en la red social de microblogging Twitter, el Ministerio de Interior del país recordó a los manifestantes que la protesta "no está autorizada".
En los últimos meses, las autoridades del país han negado el permiso a centenares de peticiones de manifestación presentadas por el partido Wefaq. En todos los casos han alegado motivos de seguridad y han hecho referencia a la ley sobre asambleas y manifestaciones para justificar su decisión. Asimismo, el Gobierno ha argumentado en varias ocasiones que ya había dado permiso a numerosas manifestaciones durante este año, por lo que no veía motivos para seguir autorizándolas.
El Tribunal Superior de Apelación confirmó las penas dictadas contra "trece acusados de participar en un complot para derrocar al régimen y que contaron con contactos de inteligencia extranjeros e infringieron la Constitución". Asimismo, el tribunal condenó a seis de ellos por "establecer contactos de inteligencia" con otro país para llevar a cabo "actos hostiles" contra Bahréin.
Según explicó un responsable de la Fiscalía, Wael Boualai, todos ellos mantuvieron "contactos de inteligencia" con Irán y con el partido-milicia chií libanés Hezbolá, que cuenta con el respaldo de Teherán. El veredicto, indicó, demuestra que "algunos de los acusados mantuvieron relaciones y trataron de mantener relaciones y contactos de inteligencia con una organización extranjera, Hezbolá, que trabaja por los intereses de Irán".
Las condenas incluyen ocho penas de cadena perpetua, entre ellas las dictadas contra el conocido activista Abdulhadi al Jawaja y contra el dirigente opositor Hassan Mushaimaa, quien ha reclamado el fin de la monarquía y la proclamación de la república.
Aparte, el dirigente opositor suní Ibrahim Sharif cumple una pena de cinco años. Siete de los 21 condenados inicialmente fueron juzgados en ausencia, entre ellos el 'bloguero' Ali Abdulemam, sentenciado a quince años de cárcel y actualmente escondido. Los abogados de la defensa han anunciado que el fallo del tribunal civil aún podría ser recurrido.
Los trece que están en prisión se han negado a estar presentes en la audiencia de hoy en protesta por la celebración de las anteriores a puerta cerrada y durante las cuales presentaron sus pruebas y han denunciado que fueron objeto de abusos bajo custodia para obligarles a confesar durante el proceso militar, según ha indicado su abogado, Mohamed al Jishi.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante el último año las protestas pro democráticas en el territorio. Manama ha impuesto la ley marcial y ha pedido la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
