Las cuatro asociaciones de jueces acordaron ayer convocar un acto de protesta en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero para exteriorizar el “malestar” y “hartazgo” de la carrera y han advertido de que si no se cumplen sus reivindicaciones convocarán una huelga para el día 26 de junio. 

Esta es una de las conclusiones de la reunión que celebró la Comisión Interasociativa Permanente, compuesta por los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI). 

Con esta iniciativa pretenden evitar que el próximo 18 de febrero los jueces vayan a la huelga, medida sin precedentes que han aprobado algunas juntas de jueces como las de Murcia o Extremadura y que será estudiada por éstas el próximo 21 de enero. 

Según el portavoz de la AJFV, Lorenzo del Río, el objetivo del citado acto de protesta, que podría consistir en una concentración de unos minutos, es “demostrar a la opinión pública el sentimiento generalizado” de la carrera judicial. 

En esta reunión consensuaron una tabla común de reivindicaciones, entre las que se encuentra la urgente instauración de la nueva Oficina Judicial, la incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados y una revisión de la actual planta judicial. 

El acuerdo también incluye el anuncio de la convocatoria de huelga para el próximo 26 de junio “si no hay antes respuestas satisfactorias a estas reivindicaciones”. 

Los representantes de las asociaciones trasladaran ahora su propuesta a las respectivas ejecutivas para que sea ratificada antes del 6 febrero y, en caso de no conseguir esa ratificación, “cada asociación actuará con plena libertad de decisión y actuación”. 

Las asociaciones, que representan al 50% de la carrera judicial, trasladarán este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia a fin de que fijen un calendario de negociación y “derivados compromisos públicos”. 

Además, lo someterán al conocimiento de todas las juntas de jueces convocadas para el próximo 21 de febrero para que sean asumidas y apoyadas.