Los rumanos que quieran venir a España a trabajar por cuenta ajena deberán tramitar una autorización previa basada en la existencia de un contrato de trabajo, sin efecto sobre los que ya forman parte del mercado laboral nacional, según la propuesta que verá el Consejo de Ministros el viernes próximo.

En un comunicado, el Ministerio de Trabajo e Inmigración indica que el titular de la cartera, Valeriano Gómez, propondrá al gabinete “reactivar” el período transitorio en materia de acceso al mercado de trabajo español para ciudadanos rumanos, tal y como contempla un acuerdo de 2008 sobre este asunto.

“Es una decisión estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España”, según se argumenta en la nota.

Trabajo e Inmigración insiste en queen que se trata de una medida “temporal” y sometida a “evaluación continuada” según evolucione el mercado laboral español.

Así, los Ejecutivos de España y Rumanía han acordado crear un grupo “operativo” de trabajo para gestionar todos los aspectos derivados de la aplicación de la medida.

La decisión se enmarca, se asegura, en la política migratoria general adoptada por el Gobierno a través del diálogo con los interlocutores sociales, que persigue “ajustar” los flujos de entrada a las necesidades del mercado de trabajo.

El Ministerio recuerda que la comunidad rumana tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad española y que el Gobierno ha mantenido y mantiene un diálogo permanente con las autoridades rumanas en relación con esta moratoria.

“Esta moratoria no afecta a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, un principio que España siempre ha defendido”, se precisa desde el comunicado.

Esta mañana, Gómez había admitido que el Gobierno estaba estudiando la posibilidad de volver a pedir de nuevo el permiso de trabajo a los inmigrantes rumanos para ser contratados por cuenta ajena en España.

En los pasillos del Congreso, había señalado que es un asunto que prefiere tratar de común acuerdo con las autoridades rumanas.

En enero del año 2009, España decidió levantar las restricciones a la libre circulación de trabajadores procedentes de Rumanía y de Bulgaria, al igual que otros varios países que les habían abierto sus mercados laborales.