El PSOE y el PP expresaron ayer su “voluntad sincera” y disposición para negociar “a partir de mañana mismo” la renovación del Tribunal Constitucional, pero lo han hecho al tiempo que se lanzaban una nueva batería de reproches mutuos sobre quién es responsable de la situación de bloqueo actual.

El toque de atención dado el lunes por el Constitucional con la renuncia de los tres magistrados con el mandato caducado -finalmente no concretada- ha surtido efecto y los portavoces socialista y popular en el Congreso, Eduardo Madina y Soraya Sáenz de Santamaría, se mostraron dispuestos a retomar las conversaciones que abandonaron el pasado mes de diciembre.

Lo hicieron después de que el presidente de la Cámara baja, José Bono, les emplazara a alcanzar un acuerdo antes del próximo día 30 para sustituir a los tres dimisionarios -Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera- y a Roberto García Calvo, cuyo puesto está vacante desde su fallecimiento en 2008.

“Es la séptima vez que en la Junta de Portavoces les hago ver que en nuestro sueldo está cumplir con nuestra obligación de designar a los magistrados del Constitucional que nos corresponde por mandato”, subrayó Bono.

El emplazamiento ha sido recibido por los aludidos con buenas palabras, como las de la portavoz popular,
Soraya Sáenz de Santamaría, que dijo ayer que su partido considera “imprescindible” la renovación del tribunal y que, por ello, “con voluntad sincera de diálogo”, quiere llegar a un acuerdo con el PSOE antes del día 30, aunque ha advertido de que no admitirá “vetos ni bloqueos”.

Aunque con esas palabras se refería al rechazo de los socialistas a aceptar la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional y exportavoz del Poder Judicial Enrique López, que a la postre llevó al bloqueo de la negociación, eso no significa que el PP vaya a insistir en proponerle como miembro del Constitucional.