El Gobierno ha admitido a trámite cinco de las peticiones de asilo presentadas por 22 personas que desembarcaron el 5 de enero en Fuerteventura procedentes de las costas saharauis, una decisión “dura y estricta”, según declaró ayer Ignacio Díaz, representante del Comité Ejecutivo del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (Ecre).

El Ministerio del Interior ha considerado que diecisiete de esas solicitudes son “infundadas”, explicó en declaraciones a Efe Ignacio Díaz, que fue presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

“Es una decisión dura”, ya que hay fundamentos para que se estudien algunos de estos casos, o por lo menos que se les dé la oportunidad de explicarse, opinó Ignacio Díaz, ya que ahora el único trámite posible es solicitar el “reexamen” de asilo político, que se ha de presentar en el plazo de dos días hábiles, y al que ha de responder el Ministerio en otros dos.

En caso de que se rechacen nuevamente las peticiones los solicitantes pueden recurrir a la vía judicial, presentando un recurso contencioso, apuntó el representante de Ecre.