La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, informó hoy al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de que su implicación directa en el plan de reforma judicial que impulsa su Gobierno es "ilegal" porque supone un "conflicto de intereses" y viola el acuerdo que firmó para poder gobernar con un juicio en curso por corrupción.

La carta de Baharav-Miara, redactada con dureza, fue enviada esta mañana pocas horas después de que Netanyahu anunciara anoche en un mensaje televisado a la nación que iba a asumir las riendas e involucrarse directamente en cada paso de la tramitación de esa legislación, muy polémica y que ha provocado una fuerte contestación social y las mayores protestas de la historia de Israel.

"En su discurso de anoche, se refirió a las iniciativas sobre el sistema judicial y a la composición del comité para el nombramiento de jueces, y anunció que ahora está directamente involucrado en estas iniciativas", escribió la fiscal.

"Al hacerlo, violó la sentencia de la Corte Suprema, según la cual, como primer ministro acusado de delitos, debe abstenerse de realizar acciones que den lugar a un temor razonable de la existencia de un conflicto de intereses entre su personal interés relacionados con el proceso penal y su papel como primer ministro", agrega.

El acuerdo, firmado en 2020, prohibía a Netanyahu hacer nombramientos judiciales de alto nivel o involucrarse en asuntos legislativos que pudieran afectar su juicio en curso por cargos de corrupción.

Sin embargo, el anuncio anoche de Netanyahu se produjo horas después de que la Knéset (Parlamento israelí) aprobara una ley que le blinda en el cargo ante una posible inhabilitación por corrupción, al reducir los supuestos para su recusación solo a motivos de salud, y solo podrá ser promovida por el gobierno, y no por la fiscalía o el Supremo.

Baharav-Miara también aclaró a Netanyahu que esa legislación que lo protege de ser destituido no anula su acuerdo de conflicto de intereses.

"Desafortunadamente, hasta hoy, mis manos estaban atadas. Llegamos al absurdo de que si me hubiera implicado en los detalles de la reforma, como lo requiere mi cargo, me amenazaron con obligarme a cesar, en contra del resultado electoral y la voluntad de millones de ciudadanos. Esto es un absurdo que no puede existir en una democracia", aseveró anoche Netanyahu en su mensaje.

El primer ministro se comprometió a encontrar una "solución" ante la fractura social provocada con la polémica reforma, vista por amplios sectores de la sociedad como una amenaza a la democracia porque socava la independencia de la Justicia, aunque no frenó la tramitación de sus leyes más polémicas.

De hecho, garantizó que la nueva ley de selección de jueces, uno de los aspectos más controvertidos de la reforma que daría control total al Ejecutivo sobre esos nombramientos, sigue adelante y se aprobará de forma definitiva la semana que viene.

Sobre la carta de la fiscal, una fuente cercana a Netanyahu, que se encuentra de viaje en Londres, rechazó las acusaciones y afirmó que "cualquier persona en su sano juicio entiende que en este momento de crisis nacional, de consecuencias internas y externas para el Estado de Israel, el primer ministro debe actuar para tratar de lograr un consenso nacional lo más amplio posible, prevenir la violencia y garantizar la ley y orden".