Opción Sampedreña se queja de falta de información municipal y pide explicaciones al Gobierno del Partido Popular. Haciendo balance sobre los dos últimos años de mandato popular, desde las últimas elecciones locales, la formación asegura que la falta de transparencia en el Ayuntamiento es “total y absoluta” en todas las materias.
“En temas de Personal, dos temas importantes. El primero, el informe Price Waterhouse. ¿Por qué no se ha dado esa información ni siquiera a los grupos políticos ni a la prensa ni muchísimo menos a los ciudadanos?, ¿qué tienen que esconder, ¿qué tienen que tapar?", lamentó su portavoz, Rafael Piña.
"Nosotros encontramos que en el Presupuesto había una partida de 7 millones de euros para contratación de personal, de personas o de plazas vacantes y muchas de ellas decían claramente ‘sin dotación presupuestaria’ y aparecían con dotación presupuestaria. Fue nuestra insistencia en el pleno. Totalmente. Sin embargo, en las comisiones plenarias, en las enmiendas que presentamos a los presupuestos, solicitábamos información sobre adónde se iban a destinar esos 7 millones de euros", criticó.
Piña contabiliza además 109 trabajadores municipales que no tienen plaza como funcionarios ni como personal laboral, por lo que los considera de “libre designación”. Igualmente, enumeró un total de 60 contrataciones directas de empresas pequeñas que, considera, podían haberse reservado para entidades autóctonas.
Por su parte la concejala de la formación, Gema Midón, aseguró: “llevamos un año y medio solicitando los expedientes urbanísticos que se han incoado en el Ayuntamiento desde que llegó este equipo de gobierno, desde 2007 y, más aún, desde que se aprobara el PGOU, en 2010. De igual modo, hemos solicitado un listado de los expedientes incoados que se han caducado o prescrito, puesto que nos han llegado noticias de que están dejando caducar muchos de estos expedientes a beneficio de algunos promotores en concreto o algunas personas muy cercanas al Partido Popular, lo que va en detrimento de los beneficios y de los derechos de los ciudadanos, que no solamente han visto perder equipamiento público, como puede ser deportivo o educativo o zonas verdes y jardines, sino que ahora se dejará de cobrar estas cuantías económicas que evidentemente repercutirían en las inversiones para todos los ciudadanos”.
Midón se preguntó por qué no hay previsión de cobro de multas urbanísticas en el Presupuesto del Consistorio en el apartado de ingresos, mientras que sí se contabilizan, por ejemplo, otras sanciones como las de tráfico.
