El
Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha citado este lunes como investigado al
director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga), en las diligencias abiertas a raíz de la querella presentada por la Fiscalía malagueña por los
mosaicos del artista Invader colocados en edificios de la capital integrados como Bien de Interés Cultural (BIC).
Así, el juzgado al que le ha correspondido la querella abrió diligencias previas y acordó citar a Francés el 11 de junio. Este mismo día,
agentes del Seprona y otros testigos también están citado a declarar; mientras que el magistrado requirió a los investigadores de la Guardia Civil a que continuaran las gestiones para "la plena identificación del querellado conocido como Invader".
La Fiscalía de Medio Ambiente presentó una querella, tras investigaciones de la Guardia Civil, contra
Invader y Francés por un
presunto delito contra el patrimonio histórico artístico en relación con la colocación de
15 mosaicos a finales de mayo pasado en calles y fachadas de edificios, entre ellas la del
Palacio Episcopal y la del de Salinas, "sin consentimiento de los titulares" y que están catalogados como BIC.
El fiscal entendía que, presuntamente, el artista vino por invitación y previo concierto con el director del CAC Málaga. De hecho, la investigación inicial apunta a la supuesta intervención de éste porque dicha pinacoteca, presuntamente "por orden de su responsable", remitió solicitudes de autorización para dicha actuación a diversos propietarios de edificios; peticiones que tuvieron en su mayoría respuesta negativa, aunque se colocaron los mosaicos.
Además de las citaciones, el juzgado también acordó en su resolución que se tomara declaración como testigos a los perjudicados, para lo que se fijó el pasado día 7 de junio; requiriéndoles para que aportaran presupuestos o facturas de posibles perjuicios. De hecho, varios representantes o titulares de edificios afectados acudieron al juzgado para ello.
El juez también instó en su momento a que técnicos de la Delegación de Cultura de la Junta realizaran diferentes informes sobre la consideración del centro histórico como BIC, la legislación y el grado de protección; y sobre la catalogación como tal, en la categoría de monumentos, del Palacio Episcopal y el de Salinas; así como que se tasen pericialmente los daños causados y el coste de restauración de los distintos inmuebles.
La Fiscalía ya explicaba en su querella que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la inscripción del centro de la ciudad en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Interés Cultural con la tipología de conjunto histórico, contando con un plan especial de protección y reforma. Además, apuntaba que los dos palacios están inscritos en dicho catálogo general como monumentos.