La Audiencia de Málaga ha impuesto a una mujer y a su hijo una pena de ocho años de prisión a cada uno por facilitar la entrada de mujeres al país, prometiéndoles un trabajo y una vida mejor, para, una vez aquí, coaccionarlas para ejercer la prostitución en su propio beneficio y bajo su control. A ambos se les condena por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y amenazas.

   Según se declaró probado por la Sala, los acusados, ambos de Rumanía --y ella con una condena en su país por proxenetismo con vistas a la prostitución--, se venían dedicando a captar a mujeres jóvenes allí y traerlas a España con esos fines. Así, en mayo de 2013, una de estas mujeres, debido a la situación económica precaria que tenía, contactó con el acusado a través de un amigo.

   El procesado le ofreció un trabajo y desde una ciudad de Rumanía salieron hacia España, en concreto Málaga, donde le esperaba la madre del acusado. Le dijeron que ya le habían encontrado un empleo y la llevaron a un club, donde otra chica le explicó lo que tenía que hacer, "quedando sorprendida" y permaneciendo durante todo el día sin mantener contactos con nadie, según la resolución.

   El acusado, sigue la sentencia, la estuvo convenciendo para que buscara clientes con "continuas" llamadas y finalmente la mujer lo hizo. Desde entonces era llevada y recogida del club por los acusados, que "le retiraban el dinero que había ganado con su actividad". Fue cambiada varias veces de establecimiento y un día pudo pedir ayuda a la Policía Nacional.

   El Tribunal considera que los acusados "aprovecharon la situación de superioridad frente al estado de desvalimiento de la perjudicada, extranjera, sin familia ni amigos en España, sin dinero y sin trabajo, además del desconocimiento absoluto del idioma" y cuyo amigo o pareja sentimental "se negó a prestarle ayuda". Además, recibió mensajes amenazantes contra su familia si no pagaba la deuda.

   Los hechos se consideran un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso medial con un delito de determinación coactiva a la prostitución y otro de amenazas. La Sala considera que concurren los requisitos delictivos, porque lograron "con engaño y la promesa de un trabajo estable" que la víctima viniera a España "obligándola luego a ejercer".

   Asimismo, incide en que "abusaron de la situación de necesidad" de la mujer y "de su vulnerabilidad"; además de que se apropiaron del dinero y le mandaron mensajes telefónicos instándole a pagar la deuda de forma inmediata. Destaca el Tribunal que la declaración de la víctima fue "clara, contundente y sin contradicciones, dando todo tipo de detalles".

   Los acusados, condenados también a pagar 15.000 euros a la víctima, sólo contestaron a sus abogados y negaron los hechos, pero "incurriendo en contradicciones respecto a lo declarado en la instrucción". Así, el hombre admitió que él compró el billete de avión a la chica y que se quedaron en su casa unas semanas. La mujer se limitó a rechazar las acusaciones.