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Martes 03/12/2024
 

Málaga

El Estado se ve suficientemente representado por el Puerto como acusación en el caso de presunto fraude

Baldoví recordaba que las irregularidades en el puerto se detectaron en 2010

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La Administración General del Estado se considera "suficientemente representada" a través de la Autoridad Portuaria de Málaga como acusación particular en el procedimiento judicial abierto por las irregularidades detectadas en la ampliación del puerto.

   Así lo señala el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que se recuerda que la Autoridad Portuaria es un organismo dependiente del Gobierno a través de Puertos del Estado y que en su consejo de administración hay representación de la Administración General del Estado. La Autoridad Portuaria malagueña que actualmente preside Paulino Plata sí está personada en el proceso como "parte perjudicada".

   En su pregunta, Baldoví recordaba que las irregularidades en el puerto se detectaron en 2010, cuando se procedió a inspeccionar el muelle de cruceros después de que un buque de carga hubiera colisionado contra él. Los técnicos advirtieron entonces que los pilotes de hormigón sobre los que se asienta la plataforma de atraque no se correspondían con los del proyecto de obra ni con lo se había certificado y pagado a la empresa constructora.

   Según los datos del diputado, técnicos de Puertos del Estado confirmaron después esas irregularidades y evaluaron inicialmente los daños patrimoniales producidos en algo más de 500.000 euros. Sin embargo, a los pocos meses y, también de forma fortuita, ante la imposibilidad de que por ausencia de calado, un buque portacontenedores pudiese atracar en otro muelle, y tras una investigación de la Dirección del Puerto, se descubre que el citado muelle no dispone de los 16 metros de profundidad necesarios para que puedan atracar esos grandes buques.

   Baldoví recuerda que el coste de la reparación de ese muelle supera los cinco millones de euros; mientras que el daño patrimonial, por las desviaciones constructivas, se eleva a más de ocho millones de euros; y apunta a que ese daño patrimonial "incluso puede ser una de las causas de su actual estado económico deficitario".

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