El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha ordenado dividir en nueve causas distintas el caso de las presuntas irregularidades urbanísticas detectadas en la localidad malagueña de Almogía, en el que estaban imputadas casi una treintena de personas, entre ellas el alcalde, Cristóbal Torreblanca. Además, ha acordado el sobreseimiento provisional respecto a tres imputados.
Esta resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, se dicta tras haber solicitado la Fiscalía malagueña la formación de piezas separadas por cada una de las licencias investigadas en esta causa, con el fin de simplificar, activar y agilizar el procedimiento, no sólo de cara a la instrucción, sino sobre todo del juicio oral, al entender que "no concurre" en este caso la conexidad delictiva.
Así, a través de un auto, la jueza encargada de la instrucción también considera que en este caso no concurren los elementos de la conexidad delictiva, "que es la identidad del sujeto activo"; y tampoco se da la proximidad temporal, puesto que la primera licencia se concedió en junio de 2005 "y la última objeto de imputación es de julio de 2008".
Asimismo, la instructora indica que "la diversidad delictiva emanada de la multiplicidad de imputados hace aconsejable el enjuiciamiento separado de cada licencia urbanística", por lo que acuerda que se incoen distintas diligencias previas, tal y como planteó el ministerio fiscal, en función de los distintos permisos solicitados en cada caso.
Además, en dicha resolución, se acuerda pedir al Ayuntamiento de Almogía una serie de expedientes administrativos, en concreto 12, sobre las licencias concedidas. Asimismo, se pide que se elabore un informe pericial complementario al que hay, pero individualizado de cada parcela, con la clasificación y calificación del suelo y la posibilidad de legalización de cada una de las obras.
Respecto a los sobreseimientos pedidos, se acuerdan los tres, que se referían a la funcionaria que instruía expedientes sancionadores, el que fuera secretario accidental y un policía local. Igualmente, se archiva el caso para los ediles que aprobaron los proyectos de actuación en el caso de dos parcelas determinadas y se declara prescrito el delito de falsedad que se achacaba a un imputado.
La investigación comenzó en 2009. Así, el 20 de octubre de dicho año agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil registraron el Ayuntamiento y otras dependencias municipales para examinar expedientes urbanísticos y diversa documentación relacionada con licencias.
