Siempre he defendido que las televisiones públicas deben tener el músculo suficiente para poder competir con las privadas ya que el modelo alternativo, que prioriza únicamente los programas de servicio público carentes de audiencia, las condenaría a la invisibilidad, cuando no a su definitiva desaparición. Sin embargo, el consejo de administración de RTVE ha cometido un error de bulto con el fichaje del comunicador David Broncano en medio de una grave crisis interna y gracias al voto de calidad de una presidenta interina, Concepción Cascajosa.
El músculo en una televisión pública no puede estar basado en competir con las privadas en el terreno de estas últimas. La trivialidad y vulgaridad, que acompañan a muchos de los programas del prime time de las dos grandes corporaciones audiovisuales de este país, no puede ser, en ningún caso, el objetivo de la televisión que pagamos todos los españoles. Su fortaleza presupuestaria debe dirigirse a dotarse de medios para realizar unos informativos independientes que conecten con la audiencia, unos programas de entretenimiento de calidad e incluso competir por los derechos de aquellos acontecimientos sociales y deportivos nacionales e internacionales que demande la sociedad española, cansada de tener que recurrir a las plataformas de pago.
La incorporación de Broncano, aunque logre arañar algún punto de share, no cumple con las prioridades y virtudes que debe satisfacer un grupo público como RTVE. El ruido, que ha generado su fichaje, le acompañará durante los dos años de contrato si es que los resultados de audiencia permiten cumplir lo acordado con un coste de 28 millones de euros para las arcas públicas.
Este caso es una magnífica oportunidad para abrir el debate sobre las televisiones públicas en nuestro país y el modelo de financiación, algo que aún sigue sin resolverse, frente a la cuota que pagan los ciudadanos de algunos países europeos, que les convierte en virtuales accionistas de sus medios de comunicación públicos. Eso sí, resulta impensable que, por ejemplo, el modelo de la británica BBC sea implantado en España ya que supondría un impuesto directo a cada contribuyente de casi 200 euros anuales. ¿Estamos dispuestos a pagar esa cantidad por un servicio público independiente, de calidad y formativo. Yo diría que no.
