La Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la condena por un delito contra la Hacienda Pública, que el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital impuso en mayo de 2023 a una empresaria del sector inmobiliario que operaba en la Costa del Sol, después de que quedara demostrado que en 1999 ingresó en la cuenta de una sociedad, en la que figuraba como administradora, 136,4 millones de pesetas (861.851 euros actualmente), sin haberlos declarado posteriormente en el Impuesto de Actividades Económicas.

El "ingreso no justificado" de su actividad se efectuó en la cuenta que la empresa Argentea S. L., una mercantil con sede social en Madrid y dedicada a las inversiones inmobiliarias, tenía en la Caja General de Ahorros de Granada. Esta entidad financiera se integró en Banco Mare Nostrum (BMN) y, posteriormente, en 2018 en Bankia, pasando a constituirse en junio de 2014 en una fundación.   La sentencia de la Sección 3 de la Audiencia de Málaga impone a la directiva seis meses de prisión, después de aplicarle la atenuante de dilaciones judiciales indebidas, tras más de 24 años en los que se ha prolongado el procedimiento, y pago de una multa de 284.912 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas, beneficios fiscales y de la Seguridad Social durante un periodo de 2 años.   También en concepto de responsabilidad civil la condenada debe de indemnizar a la Hacienda Pública con el importe de la cuota defraudada (284.912 euros).   DESARROLLO DE LOS HECHOS   La resolución judicial declara como hechos probados que en octubre de 1991 se constituyó la mercantil Argentea S. L., de la que la procesada fue administradora única desde el 10 de abril de 1995 hasta el 11 de agosto del año 2000. Fue durante el ejercicio fiscal de 1999 cuando se realizaron diversos ingresos en la Caja General de Ahorros de Granada, en cuya cuenta figuraba como titular.   En concreto, el 20 de mayo de 1999 se recibió un traspaso de la mercantil Puntoeste Inversiones S. L. mediante una letra de cambio por importe de 136,4 millones de pesetas (unos 861.851 euros), una cantidad que, según la sentencia, se "omitió a la Hacienda Pública" en la declaración del impuesto de Actividades Económicas.    El perjuicio económico al erario fue de 284.912 euros (47,4 millones de pesetas entonces) conforme a los ingresos por los beneficios no declarados, cuya responsabilidad civil en caso de impago recaerá además en la empresa.   Los tres magistrados de la Audiencia Provincial rechazan el recurso de apelación formulado por la defensa de la empresaria, y confirman el fallo de la jueza de lo Penal 2 de Málaga, respaldado además por la Fiscalía y la Abogacía del Estado que ejercieron la acusación pública.   Sostiene el tribunal que el 15 de abril de 1999 se libró una letra cambio por parte de la mercantil Fouquet Banús S. L, con sede en Marbella, a Puntoeste Inversiones S. L., y que posteriormente en mayo fue endosada a Argentea S. L., de la que era administradora la procesada, sin haber dado "una explicación alternativa mínimamente razonable (...) sobre la procedencia del ingreso en la cuenta bancaria", y que habría sido utilizada como de paso o especie de provisión de fondos para pagar a terceros por la venta de una concesión administrativa.   La sala provincial, que ha descartado también la petición de la defensa para que se le aplicara una reducción de la base imponible defraudada, en el importe de 171.228 euros (28 millones de pesetas), impone, finalmente, las costas a la directiva inmobiliaria.