A tan sólo nueve días de que se celebren las elecciones a la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Málaga, previstas para el 20 de junio, ya hay laudo arbitral tras el procedimiento promovido por dos asociaciones de letrados judiciales, que habían pedido su exclusión del censo electoral para dejar de ser electores y elegibles en la elección de los 23 delegados sindicales que representarán a los 1.900 empleados públicos de este sector en la provincia malagueña.
Los representantes de los antiguos secretarios secretarios judiciales (LAJ) sostenían en el recurso, planteado el pasado 9 de mayo, que los 'sindicatos generalistas' (CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT y Comisiones Obreras) "no les representaban al tener intereses diferentes", los LAJ cuentan con un estatuto jurídico propio como cuerpo superior de la Administración, y además dependen del Ministerio de Justicia.
La impugnación del censo de estas elecciones sindicales fue promovida por la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia (ASSEJUS), vinculada esta última al Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, de tendencia conservadora. En esta mediación han participado también el gerente del Ministerio de Justicia, y una representante de la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía.
En el laudo arbitral, comunicado este lunes a las partes, el árbitro Salvador Domínguez Ruiz, del Colegio de Abogados de Málaga, desestima la impugnación de los LAJ, dando validez a la inclusión de los 157 letrados judiciales de la provincia en el censo donde están también los funcionarios de los cuatro cuerpos de Justicia (gestores, tramitadores, auxilio judicial y médicos forenses). Unos 1.850 en toda Málaga.
El representantes de la UPSJ y letrado de los Mercantil 3 de Málaga sostuvo, durante la reunión del pasado 1 de junio, que en el presente proceso electoral la Junta de Personal sólo podrá estar integrada por los funcionarios que hayan sido transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía, "ya que este organismo no podrá representar a los Letrados de la Administración de Justicia en sus condiciones de trabajo".
Además, alegó que los secretarios judiciales no dependen de la Junta de Andalucía, puesto que a partir de 1997, con las transferencias se produce la existencia de que "hay dos empleadores, en un centro de trabajo dual," en los juzgados y tribunales. En este sentido justifican la exclusión del censo ya que los LAJ tienen una "dependencia al Ministerio a nivel disciplinario, de horario, permisos, licencias y retribuciones".
POSTURA SINDICAL
Por su parte los representantes de los cinco sindicatos de Málaga sostuvieron que existe "una permeabilidad" entre los cuerpos de Justicia, que se pone de manifiesto cuando los de la escala de gestores promocionan y ocupan puestos de los LAJ, y alguno de ellos figura incluso en una candidatura sindical para los comicios del 20J.
"La exclusión de los letrados supondría privar de su derecho a aquellos que quieran participar", señaló el representante de UGT. Por su parte, SPJ-USO recordó que esta misma impugnación del censo se realizó en 2015, dando como resultado la desestimación de las peticiones de los secretarios judiciales.
Para desestimar las pretensiones de los letrados judiciales, el árbitro repasa las sentencias de 2021 y 2022 de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Castilla-La Mancha en esta materia, en donde se recuerda que "la pretensión y la voluntad de alterar el sistema electoral solo puede plantearse en acciones de política legislativa, en intereses de 'lege ferenda' que corresponden al legislador y no a los Tribunales de Justicia".
Recuerda, por último, el árbitro Domínguez Ruiz el reciente laudo, del 22 de mayo en Almería, promovido por idénticos motivos por las asociaciones de secretarios, donde otro mediador arbitral se ha pronunciado también favorable a la inclusión y participación de los LAJ, ya que en cada provincia para todo el personal funcionario se elegirá una Junta de Personal, es decir, "tomando como referente de unidad electoral la provincia".
Esta polémica electoral en Málaga se ha producido dentro de la creciente tensión sindical nacional existente entre los funcionarios de Justicia, que se encuentran en huelga desde el 17 de abril para reclamar un aumento salarial, y las asociaciones de los LAJ, que suscribieron con el Ministerio el pasado 28 de marzo un incremento de sus nóminas de 450 euros mensuales .
Por el momento, 131 letrados judiciales de los 157 de la provincia han firmado un documento, para que se les excluya de estas elecciones a representantes de los trabajadores, que se celebran cada cuatro años.
