El abandono el pasado martes de la mesa de negociación por parte de los responsables del Ministerio de Justicia, en la que se sentaban con dirigentes del Comité de Huelga estatal representados por CSIF, STAJ, UGT y Comisiones Obreras, ha crispado mucho más los ánimos del personal de Justicia perteneciente a los cuatro cuerpos de la administración que secundan esta huelga indefinida, en demanda de sus reivindicaciones salariales.
Pero lo ha hecho no solo por este nuevo bloqueo, sino también por el impedimento de los servicios de seguridad, recibiendo órdenes del equipo de la ministra Pilar Llop, de no permitir la entrega de alimentos a los cuatro dirigentes sindicales que permanecen encerrados en la sede del Ministerio en Madrid.
En contra del bloqueo y en solidaridad con sus representantes sindicales, el Comité Huelga de Málaga ha convocado para este viernes una manifestación de estos empleados públicos que saldrá desde la Gerencia Territorial del Ministerio, en avenida Manuel Agustín Heredia, a las 10 horas y concluirá a las 12 frente a la sede de la Delegación de la Agencia Tributaria, en Héroe de Sostoa 11.
Tras dos días de encierro "con el único objetivo de negociar y dialogar para solucionar este conflicto", según el Comité de Huelga nacional, "la postura del Ministerio es la de desgastar al Comité de Huelga como ha intentado hacer con los funcionarios y funcionarias en huelga. La actitud mostrada con estas medidas restrictivas e inhumanas solo consigue definir la calidad moral o ética de las personas que las adoptan", ha señalado en un comunicado el Comité.
Para las organizaciones sindicales, el enquistamiento de este conflicto "es una prueba más de la indiferencia que este Gobierno les dispensa a los empleados públicos de la Administración de Justicia. No a todos, a una minoría privilegiada les sube sus retribuciones un 28 %". Los huelguistas reclaman un aumento de unos 430 euros al mes para 45.000 funcionarios (el 93% de la plantilla dependiente del Ministerio de Justicia).
DESGASTE DE LOS EMPLEADOS
El Comité considera que esta prolongación del conflicto tiene como objetivo, "exclusivamente desgastar a los huelguistas, al ver como más de un millón de juicios ya se suspendieron, y millones de expedientes han quedado paralizados en su tramitación".
Antes del abandono de la reunión en Madrid, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, emplazó a una negociación "en un ambiente sosegado" para después de las elecciones generales del 23 de julio, circunstancia que los empleados públicos rechazan.
Los sindicatos aseguran que las subidas a jueces, fiscales y letrados de Justicia (LAJ), de marzo y mayo pasados, ha provocado "un desequilibrio salarial", y por ello "no volverán a realizar actuaciones judiciales sin que estén presentes el juez o el LAJ, cuando así lo exija la ley. Y solo con eso, es decir, cumpliendo la legalidad, se demostrará que la actual Administración de Justicia dejará de funcionar".
