El concejal delegado de Patrimonio, Gabriel Orihuela, ha explicado que la recuperación de oficio es una prerrogativa de la administración local para recuperar lo que es suyo, cuando la vía penal se obstruye porque el delito de usurpación de suelo ha prescrito al haber transcurrido más de tres años desde que se produjo.
Para ello se abre un expediente en el que se da audiencia al usurpador, se le aportan copias de toda la documentación, y se le concede un tiempo para la presentación de alegaciones.
Desestimadas
Una vez que ha culminado el proceso en los seis casos que se llevan a pleno, y desestimadas las alegaciones aportadas, tan sólo queda la aprobación de la recuperación de las parcelas usurpadas. En caso de que se produzca dicha aprobación, se concede un mes desde la notificación para el desalojo de la parcela y de cualquier edificación que hubiera sobre ella. Se advierte que la ley incluso faculta al Ayuntamiento para el uso de medios de ejecución forzosa y que permite, inclusive, el desahucio administrativo.
De las 39 parcelas usurpadas en Argamasilla que fueron denunciadas en su momento ante la Fiscalía de Medio Ambiente, 15 han sido ya recuperadas por orden judicial; 17 continúan su curso por la vía penal; y en 7 se han tramitado expedientes para la recuperación de oficio, al haber prescrito el delito penal.
Dos de ellos se llevaron a un pleno anterior, estando pendientes de aprobación otros cinco expedientes que van al próximo pleno, junto al de Majadal Alto.
Rechazo
Orihuela está convencido de que la mayoría de los ciudadanos rechaza la forma de actuar de una minoría que usurpa el monte público y que construyen sobre el mismo todo tipo de edificaciones sin planificación, infraestructuras, ni equipamientos. “Decir que esta manera de actuar forma parte de la idiosincrasia de los algecireños, es un insulto a la mayoría de estos ciudadanos que pagan sus parcelas, sus viviendas, sus licencias…y que encima tienen que poner de su dinero para hacerles calles y ponerles equipamientos a esa minoría que usurpa un suelo de todos”, añadió, antes de asegurar que el procedimiento para erradicar esta forma “de hacer ciudad, tan nociva no es haciendo borrón y cuenta nueva”, y prometiendo legalizar todo lo que ya está hecho. “Esto lo anunciaron otros políticos hace años y el resultado fue un efecto llamada que resultó desastroso”.
Por ello, el concejal defiende como única medida razonable y viable la que ahora se ha emprendiendo: el proceso legal. “Un procedimiento riguroso, llevado a cabo por técnicos, y aportando toda la información a los tribunales para ofrecer las garantías legales necesarias”, concluyó.
