La sesión plenaria de este lunes -la primera desde finales del mes de julio pasado- puso de manifiesto que Ganemos no va de farol cuando reclama la salida de Mamen Sánchez de la Alcaldía. Hasta ahora el desencuentro no había pasado de ser una mera disputa dialéctica, con mensajes cruzados entre unos y otros a través de los medios de comunicación. Lo de ayer fue distinto, por cuanto se trataba de la primera vez en la que esa retirada de apoyo anunciada por Ganemos podía hacerse realmente efectiva. Y así fue, ya que la agrupación de electores ni siquiera respaldó iniciativas que meses atrás había reclamado, en un claro síntoma de lo que está por venir. 

El fondo del debate -las ordenanzas fiscales de 2017, que tampoco es asunto baladí- era en este caso lo de menos, porque lo verdaderamente importante era comprobar la actitud que iban a adoptar en el transcurso del mismo Ganemos e IU, cuyos votos han venido siendo hasta ahora imprescindibles para que el Gobierno saque adelante sus propuestas. El portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez, despejó cualquier tipo de duda en su primera intervención. De hecho, la agrupación votó en contra de una iniciativa propia que había defendido meses atrás, como la ampliación del ámbito de aplicación de la tarjeta escolar gratuita a los alumnos de Formación Profesional y sus programas específicos. 

IU, por su parte, respaldó la mitad de las modificaciones de las ordenanzas que se sometieron a vocación, haciéndolo “por responsabilidad” y con idea de que el Ayuntamiento no se vea en la necesidad de buscar otra alternativa para el desfase que va a provocar en el Plan de Ajuste el hecho de que no se ingresen los 4,5 millones de euros previstos. 

“En casos determinados es importante aumentar los ingresos, pero la experiencia de este año y medio de Gobierno nos confirma que si ese aumento de los ingresos cae en manos inadecuadas es un error, y las de esta alcaldesa, que ha utilizado el engaño y la mentira como herramientas de trabajo, no son las mejores manos en las que puedan caer estos ingresos”, argumentó Santiago Sánchez.

El portavoz de Ganemos dejó claro que las medidas puestas sobre la mesa “pueden aprobarse más adelante”, en el momento en el que “se den garantías de buena gestión”, algo que a su juicio “no ocurre ahora”. “No estamos al borde de ningún precipicio. Hay margen para aprobar medidas en un contexto en el que tengamos garantías de que esas medidas van a llegar a buen puerto. Un síntoma sería que la alcaldesa dimitiera”, añadió.

Santiago Sánchez abundó en parecidos argumentos en sus dos intervenciones, en lo que sin duda supuso un punto de inflexión en el devenir de la presente legislatura al evidenciarse que Ganemos no va a seguir garantizando la gobernabilidad del Consistorio. Incluso, la agrupación de electores asume ya que, en adelante, se convertirá en “el comodín” del Ejecutivo a la hora de buscar responsables al bloqueo de la gestión municipal. Claro que, en este caso, Ganemos advierte de que “la actitud de echar la culpa a otros es infantil” y demuestra “poca madurez”, un requisito que resulta “indispensable para una persona que está al frente de un Ayuntamiento”.

La disputa entre PSOE y PP

Sin apoyos para sacar adelante su propuesta de ordenanzas, Gobierno y PP se enredaron en las cuestiones legales que teóricamente obligan a las modificaciones fiscales. El Ejecutivo defendió que los reales decretos  8/2013 y  17/2014 obligan a renunciar a la aplicación de ciertas bonificaciones, mientras que el PP argumentó que lo que realmente demanda el marco jurídico es que los ayuntamientos cumplan las medidas recogidas en sus planes de ajuste económico.

El teniente de alcaldesa de Economía y Planes Especiales, Santiago Galván, aseguró que las medidas fiscales están recogidas “en los diferentes reales decretos ley que han ido legislando el fondo de ordenación, medidas a las que estamos obligados por ley”. “También estaba obligado el Gobierno anterior del PP con el real decreto 8/2013, también con el real decreto 17/2014. No hicieron nada, actuaron con irresponsabilidad, fueron irresponsables a la hora de no aplicar la ley y de gobernar de forma totalmente arbitraria, con un incumplimiento de su plan de ajuste del 101 por ciento, y hoy siguen siendo irresponsables”, explicó.

El portavoz adjunto del PP, Antonio Saldaña, recordó por su parte que en el momento en el que se aprobaron las actuales ordenanzas fiscales, a finales de 2015, ya estaba en vigor el marco jurídico al que aludía el Gobierno. “Si hubiera algún imperativo legal, esas medidas se habrían aplicado desde entonces”, defendió. 

Informes de intervención

Sea como fuere, lo cierto es que desde el año 2013 existen informes de Intervención que advierten de la necesidad de adoptar medidas como las que el Gobierno sometió ayer a aprobación. Esta circunstancia llevó incluso al Consejo Social de la Ciudad a informar favorablemente la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales, haciéndose constar en ese documento que todos los integrantes del pleno “lamentan tener que aplicar leyes como esta, que si bien sirvió para cancelar las deudas con los acreedores existentes como consecuencia de un deficiente sistema normativo de financiación local y, también, por una falta de rigor la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, tenía como contrapartida una serie de medidas de cumplimiento obligatorio, como la que ahora se aborda, que, al final, repercuten en las familias y empresas del municipio”.

Por este motivo, el Consejo Social de la Ciudad apelaba en su informe “a la rigurosidad presupuestaria municipal y a que, de producirse un cambio normativo que levante esta medida, el Consistorio vuelva a establecer las bonificaciones tributarias que ahora se eliminan por imperativo legal”.

La propuesta de modificación de las ordenanzas pretendía suprimir bonificaciones en la tasa de vado de actividades económicas, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.   

El Ejecutivo reta a elaborar un nuevo Plan de Ajuste

La modificación de las ordenanzas fiscales debía suponer para las arcas municipales un ingreso añadido de más de cuatro millones de euros. La alcaldesa, Mamen Sánchez, ya advirtió a la finalización del Pleno de su intención de convocar una junta de portavoces para que los diferentes grupos municipales participen de manera activa en la elaboración de un nuevo Plan de Ajuste.

Posteriormente, el propio teniente de alcaldesa de Economía y Planes Especiales, Santiago Galván, profundizó en la idea de que sean los grupos de la oposición quienes planteen de dónde debe salir ese dinero. De entrada, el Gobierno local va a solicitar la elaboración de un informe económico que valore cómo va a afectar al presupuesto de 2017 la no aprobación de dichas ordenanzas.

Una vez que se conozca ese extremo, “será necesario elaborar un nuevo Plan de Ajuste, para el que se propondrá a los grupos municipales que digan en qué partidas recortar esos cuatro millones de euros, dado que los ingresos por tasas e impuestos ya no se pueden modificar por fechas”. Asimismo, el Gobierno solicitará también un informe que analice las consecuencias jurídicas “de votar en contra de la ley , ya que son medidas recogidas en los diferentes reales decreto Ley de imposición a los ayuntamientos intervenidos por Hacienda”.

“Este Gobierno es responsable y cumple con la ley. Estas medidas tendrían que estar aplicándose desde 2013, y tras las votaciones que los grupos han hecho en Pleno es obligado saber las consecuencias jurídicas, y tomar medidas a nivel económico para cumplir con los requisitos a los que estamos obligados, porque no se le debe olvidar a nadie que somos un Ayuntamiento intervenido desde 2012”, añadió Galván.

El teniente de alcaldesa de Economía y Planes Especiales insistió por último en que la inclusión del Ayuntamiento de Jerez en el denominado fondo de ordenación fue “una idea” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que “nos metió la señora Pelayo con aquel Plan de Ajuste arbitrario y desafortunado de 2012”.