El Gobierno municipal realizará sendos informes, económico y jurídico, para valorar las consecuencias que se deriven de la no aprobación hoy de las ordenanzas fiscales, tras la celebración de un Pleno Extraordinario en el que los grupos municipales del Partido Popular y Ganemos han coincidido en su voto en contra de todos los puntos, a excepción de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte público de viajeros, que ha sido la única que ha salido adelante.
Desde el ejecutivo se destaca que la no aprobación de las ordenanzas supone “un incumplimiento del Plan de Ajuste y de la ley, en concreto los reales decretos 8 / 2013 y 17 / 2014, que tendrían que haber estado en vigor según informe de Intervención ya en la legislatura anterior.” Por tanto, la no aprobación de estas ordenanzas, en particular la subida del IAE para las grandes empresas, y las supresiones de bonificaciones que por imperativo legal debían aplicarse, tal como se recoge también en el informe del Consejo Social, llevará a una modificación del Plan de Ajuste aprobado en abril de 2016.
Por ello, el equipo de Gobierno solicitará en primer lugar la elaboración de un informe económico que valore cómo va a afectar al presupuesto de 2017 la no aprobación de dichas ordenanzas, y conociendo este dato, “será necesario elaborar un nuevo Plan de Ajuste, para el que se propondrá a los grupos municipales que digan en qué partidas recortar esos cuatro millones de euros, dado que los ingresos por tasas e impuestos ya no se pueden modificar por fechas”.
Asimismo, el Gobierno solicitará también un informe que analice las consecuencias jurídicas de votar en contra de la ley , ya que son medidas recogidas en los diferentes Reales Decreto Ley de imposición a los ayuntamientos intervenidos por Hacienda. El Ejecutivo señala que “este Gobierno es responsable y cumple con la ley, estas medidas tendrían que estar aplicándose desde 2013, y tras las votaciones que los grupos han hecho hoy en Pleno, es obligado saber las consecuencias jurídicas, y tomar medidas a nivel económico para cumplir con los requisitos a los que estamos obligados, porque no se le debe olvidar a nadie que somos un Ayuntamiento intervenido desde el año 2012”.
El teniente de alcaldesa responsable de Economía y Planes Especiales, Santiago Galván, explica que “es importante decir que hemos llevado a Pleno una serie de medidas fiscales recogidas en los diferentes reales decretos ley que han ido legislando el fondo de ordenación, medidas a las que estamos obligados por ley. También estaba obligado el Gobierno anterior del PP con el real decreto 8/2013, también con el real decreto 17/2014. No hicieron nada, actuaron con irresponsabilidad, fueron irresponsables a la hora de no aplicar la ley y de gobernar de forma totalmente arbitraria, con un incumplimiento de su plan de ajuste del 101%, y hoy siguen siendo irresponsables”.
Galván destaca que “a diferencia de eso, desde este Gobierno aprobamos en abril un plan de ajuste con el visto bueno del Ministerio en junio, en el que se recogían esta supresión de beneficios fiscales. Hoy nos encontramos con una situación en la que muchos concejales han votado en contra de la ley, a sabiendas de que esa ley obligaba a suprimir esos beneficios fiscales. Han sido conscientes de que estábamos obligados por ley, pero que también lo ha reflejado el Consejo Social de la Ciudad referencia en su informe sobre las ordenanzas, tal y como el interventor ha advertido en el Pleno”.
Santiago Galván manifiesta que “ahora hay que pedir un informe económico tributario, porque hay que ver las consecuencias de la no implementación de estas medidas a partir del 1 de enero, pero también un informe jurídico que determine la responsabilidad de cada uno a la hora de cumplir con la ley, porque los reales decretos son de obligado cumplimiento para todos los Ayuntamientos que estamos incluidos en el fondo de ordenación, que no podemos olvidar que fue también una idea del señor Montoro, en el que nos metió la señora Pelayo con aquel Plan de Ajuste arbitrario y desafortunado de 2012”.
