El pasado martes, a primera hora de la mañana, fuentes oficiales confirmaban que la Policía Nacional había iniciado una operación en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería denominada Edu Costa en la que aparecían implicaas unas noventa personas y más de medio centenar de empresas por presunto fraude en cursos de formación. Que entre algunos de los imputados figurasen varios cargos públicos municipales del PSOE y del PP ayudó a acrecentar el interés por el caso, y aunque el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, apuntó que esta nueva fase se centraba “en empresarios y no en la Junta”, otra revelación, paralela a la de la propia operación, terminó por depositar parte de la atención en la administración autonómica y empezar a dar forma a una especie de tormenta perfecta cuyas nuble siguen sin despejar el cielo político andaluz a escaso mes y medio de las elecciones.
La revelación llegaba en forma de auditoría y firmada por la Intervención General de la propia Junta de Andalucía. En la misma se alertaba de la falta de control de la Dirección General del SAE en la provincia de Cádiz sobre los cursos de formación para parados desarrollados entre los años 2009 y 2012, y concluía que citado órgano gestor no había “cumplido con la legislación que le es aplicable”.
La investigación de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional) se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010, un caso que se conoció durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas, y que afectaría a un gran número de empresarios.
En este sentido, lo que se investiga es si las empresas investigadas habrían cometido falsedad en la documentación presentada junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria.
La investigación policial aprecia también casos de facturas falsas con las que empresas justificaban gastos no realizados, falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos y suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza para “inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia”.
La operación sigue su curso con las declaraciones de imputados y testigos del caso, e incluso se ha extendido a la provincia de Granada. Según las previsiones iniciales, los resultados de la investigación aún tardarán casi un mes en llegar a los juzgados de cada provincia y se entre en la fase de citaciones judiciales, ya que todas las declaraciones que se están realizando estos días son policiales.
Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de los presuntos delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones al estar relacionadas con el control y concesión de las ayudas.
Ya en la primera parte de la investigación, el caso Edu, se detectaron, entre otras supuestas irregularidades, falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se les concedieron los fondos e incumplimiento en la contratación de alumnos o anomalías en los partes de asistencia.
Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.
La auditoría
La auditoría realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la gestión de las subvenciones concedidas en materia de formación profesional para el empleo en la provincia de Cádiz durante los ejercicios 2009 a 2012 no deja lugar a la duda y es categórico en su dictamen: el órgano gestor de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz “no ha cumplido con la legislación que le es aplicable”. Lo determina a la luz de las pruebas documentales recopiladas y tras las que recomienda “estudiar la procedencia de iniciar expedientes sancionadores por los incumplimientos detectados”, así como “analizar las actuaciones derivadas de los informes de Auditoría, y en su caso proponer las actuaciones oportunas, ya que en todos los expedientes cuya justificación se ha analizado, las conclusiones mencionadas en el Informe preceptivo del auditor, son modificadas por el órgano gestor” de la Dirección Provincial del SAE.
La auditoría, que es demoledora en su conjunto, ha sido realizada en respuesta a las “numerosas e importantes irregularidades” detectadas “en los expedientes controlados que afectan fundamentalmente a la gestión realizada por los servicios de formación en la tramitación de las subvenciones de Formación para el Empleo”.
A la hora de realizar el estudio se han analizado cinco líneas de subvenciones: las de Formación Profesional Intensivas, las Formativas con compromiso de contratación, los cursos formativos dirigidos a desempleados, las acciones formativas con compromiso de contratación y las dirigidas a personas ocupadas.
En este sentido, el número de expedientes existentes durante el periodo analizado ascendía a 321, por lo que se ha aplicado un porcentaje muestral que ha centrado el estudio en un total de 55 expedientes de cuyas sumas resulta un total de 8,4 millones de euros en concepto de subvenciones, el 32% del total concedido entre los años 2009 y 2012, que superó los 26 millones de euros.
¿Y ahora, qué?
Tras la publicación de la auditoría realizada por la Intervención General de la Junta sobre la gestión de los fondos para la formación y las demoledoras conclusiones extraídas en contra de la labor de control de la propia administración, resuena insistente una pregunta evidente: “¿y ahora qué?”.
El consejero de Justicia, Emilio de Llera, fue bastante explícito este miércoles al respecto, al exponer que “los interventores, en general, suelen hablar de una manera muy dura, incluso cuando se hacen las cosas bien. Su misión, siempre, es poner pegas. Entonces, no podemos sacar filo a cualquier cosa que diga un interventor, porque está obligado a ser lo más implacable con lo que se pueda encontrar un gestor público”.
Cualquiera diría que estaba echándole las culpas al mensajero, aunque lo cierto es que la auditoría realizada puede terminar desarrollando mayor recorrido del previsto hasta ahora. De momento, ya está en el despacho de la juez Mercedes Alaya, junto con los de las otras siete provincias andaluzas, pero ante la gravedad de las conclusiones extraídas, la propia Intervención General podría dar el paso y empujar a actuar al propio Gobierno andaluz, en concreto al consejero de Educación, Luciano Alonso, que es quien tiene en estos momentos las competencias en materia de formación para el empleo.
Si la Intervención decide dar el paso e involucrar a la Consejería de Educación, el diario El Mundo ya apuntaba esta semana a que Luciano Alonso tendrá que elegir entre tres opciones: si está de acuerdo con el informe tendrá que ordenar que se corrijan las deficiencias puestas de manifiesto -“ello pasaría por la apertura y tramitación de expedientes de reintegro en un intento de recuperar el dinero desviado”-; en caso de disconformidad, tendría que solicitarle al consejero de Hacienda que lo sometiera a la decisión del Consejo de Gobierno para que resolviera; y también cabe la opción de no hiciera nada y guardara el informe de actuación.
De momento, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, fue más que elocuente con su “que lo crujan”, en atención al desarrollo de la investigación abierta en el marco de la Operación Edu Costa, pero también habrá que comprobar de qué forma se retrata el Gobierno andaluz si la Intervención General eleva finalmente su informe de actuación para que sea el consejero de Educación el que elija entre las tres hipótesis.
A este respecto, desde el PP andaluz le han pedido que aclare “si ha enviado esos informes a la Fiscalía Anticorrupción” y si “ha presentado alguna querella o denuncia” por los contenidos aquí expuestos.
De hecho, el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, ha calificado de “alarmantes” y de una “gravedad extrema” las conclusiones del informe de la Intervención, donde se pone de manifiesto “la falta de control existente por parte del SAE en la provincia de Cádiz en cuanto a la gestión de determinados cursos de formación”. A juicio del dirigente popular, todo esto “es un claro ejemplo y demuestra la falta de control de los fondos públicos por parte del PSOE”, calificando de “lamentable” que se haya permitido “un robo masivo del dinero de los parados andaluces, como ya ocurriera en el caso de los ERE”.
Por su parte, desde IU han registrado una petición en el Parlamento en la que solicitan que comparezca “la presidenta o miembro del Gobierno en quien delegue sobre las actuaciones del Consejo de Gobierno” en el caso del fraude de los cursos de formación.
El objetivo es informar sobre las “actuaciones del Consejo de Gobierno en relación con los actuales y muy graves acontecimientos relativos a presuntos casos de corrupción que afectan a la Administración de la Junta de Andalucía en relación a irregularidades en la gestión de los fondos públicos concedidos para la realización de cursos de formación para el empleo”.
