La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha denunciado hoy en rueda de prensa una “tropelía más” que el PP está cometiendo con la venta de Ajemsa, al ceder a la concesionaria la gestión de la recaudación de la tasa de la basura, por la que esta empresa se beneficiará con un 3 por ciento de la gestión. Esta operación, según explicó Alconchel, se ha recogido en un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y esta empresa privada el pasado día 9 de mayo, una acuerdo que calificó de “abusivo” y que se ha ocultado a la opinión pública, “en un alarde más de la transparencia a la que nos tiene acostumbrado este Gobierno”, ironizó,
La edil socialista aclaró que mediante este acuerdo y con el fin de mantener el mismo procedimiento de recaudación unificado de los recibos de agua y basura, Ajemsa dejará de prestar la gestión de la recaudación de la tasa de la basura a favor de Aquajerez, con el agravante de que esta empresa privada obtendrá un beneficio añadido del 3 por ciento a modo de compensación, lo que podría suponer en torno a unos 200.000 euros anuales. “Todo ello -apuntó- teniendo en cuenta que ya se subió la tasa de a basura en 5 euros para equilibrar este servicio”.
Alconchel denunció que con este convenio "se incrementan los márgenes de beneficio de una entidad privada a costa de un servicio público”. Por ello, la portavoz adjunta avanzó que el Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta al Pleno municipal en la que solicita que se anule el citado convenio y que se encomiende a que Jereyssa todo el proceso de recaudación de la tasa por el servicio de residuos urbanos y otros cánones y recargos, “ya que no va a suponer ningún coste añadido”.
A pleno
Por otro lado, la responsable socialista presentó las propuestas de carácter social que el Grupo Municipal elevará al Pleno del viernes. La primera hace referencia a la aplicación del Decreto contra la exclusión social aprobada por la Junta de Andalucía y del que Jerez se va a beneficiar con más de 1,6 millones de euros con la aplicación de las distintas medidas contempladas en el decreto.
En concreto, el Grupo Municipal Socialista plantea que una de las medidas contempladas en el decreto referentes a la contratación de personas desempleadas se rijan por una serie de criterios, tales como que los trabajos a realizar por las personas contratadas tengan lugar físicamente dentro de sus zonas de residencia que tienen que ser ZNTS (zonas necesitadas de transformación social); que estos trabajos se realicen colaborando con las ONGS que actúan en dicha zona y que la duración del contrato tenga proporcionalidad directa con el número de miembros de la unidad familiar. También que las víctimas de violencia de género se beneficien de esta contratación, independientemente de si residen en la zona ZNTS, y que las ayudas extraordinarias al servicio de ayuda a domicilio se articulen de manera prioritaria para ampliar a los beneficiarios de los servicios de asistencia a domicilio.
Relacionado con la realidad social que viven muchas familias de la ciudad que han perdido sus viviendas, Miriam Alconchel informó que se ha presentado otra propuesta para que las personas afectadas por desahucios y que han conseguido la dación en pago para eliminar su carga hipotecaria no se tengan que ver obligadas a hacer frente al pago del IBI de una vivienda que no disfrutan ni les pertenece. Por ello, “solicitamos al Gobierno municipal que establezca subvenciones del cien por cien de la deuda correspondiente a los impagos del IBI por parte de los antiguos titulares de las viviendas afectadas por la ejecución de incumplimientos hipotecarios”.
Por último, presentó otra propuesta en contra de la Reforma Local, en lo que respecta a la supresión de competencias a los ayuntamientos en la promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género. Alconchel aseguró que “esta normativa que el PP quiere poner en marcha supone un desmantelamiento de los servicios en materia de igualdad de género y contra la violencia de género que realizan las entidades locales por delegación de la comunidad autónoma, por lo que pedimos su retirada”.
