El Consistorio sigue sin presentar su dispositivo del botellódromo

Una vez presentados los escritos de la acusación, la Fiscalía y los de las defensas de los dos jóvenes imputados, F.M.R. y J.D.R, el caso de la muerte de Jairo Gómez en el botellódromo el pasado verano sólo está pendiente de que el Ayuntamiento registre en el juzgado su escrito de defensa para enviar la causa a la Audiencia Provincial. Tal como explicó a este periódico el abogado de la acusación particular, Alfredo Velloso, a menos que en los próximos días acredite en un documento su plan de seguridad para ese recinto, tal y como le reclama la acusación desde que comenzó la instrucción, el Consistorio deberá responder como responsable civil subsidiario al ocurrir el suceso en unas instalaciones habilitadas y autorizadas por la administración local para beber alcohol. “En el momento en el que se presente la documentación y se nos facilite el protocolo de seguridad establecido y se detalle de la actuación de la Policía Local retiraremos la acusación”, apuntó el abogado.
A partir de ahí, cuando se solvente este paso, lo siguiente será proceder al sorteo de los candidatos al jurado popular y excluir aquellos que podrían estar vinculados a algunas de las causas eximentes de tomar parte en este último tribunal. No obstante, como señala el abogado de la familia del joven de 17 años fallecido a causa de varias puñaladas mortales en julio del pasado año,  dada la “rapidez” que ha caracterizado a la instrucción del caso en el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez, Velloso confía en que antes de que termine el año la sección octava de la Audiencia Provincial pueda celebrar el juicio.
La muerte de Jairo conmocionó a la ciudad el pasado verano y puso en tela de juicio la seguridad en el botellódromo. Sin embargo, aunque tras el grave suceso desde el Ayuntamiento se aseguró abiertamente que la fórmula del botellódromo habilitada en su día al entrar en vigor la “Ley Antibotellón” estaba desfasada, y que, por ello, el Consistorio tomaría medidas al respecto, hasta la fecha el Gobierno municipal no ha dado ningún paso. La propia alcaldesa afirmó en su momento que plantearía este asunto al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y aunque fue así, el encuentro no se materializó en ninguna actuación posterior, con lo que habrá que esperar, si bien los propios policías locales han esta última semana cuestionado la seguridad del recinto.