FACUA Cádiz ha presentado varias propuestas de modificación al Reglamento del acceso y uso de las viviendas de emergencia social que tiene previsto aprobar el Ayuntamiento de Jerez de la Fra., y con el que se pretende regular el acceso y utilización de estas viviendas, destinadas a alojamiento alternativo de unidades familiares en riesgo de exclusión social.

La Asociación valora positivamente que, en un contexto de crisis económicas que está originado recortes de las políticas sociales por parte de las distintas Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Jerez haya adoptado la decisión de abordar este asunto, determinando, entre otros aspectos, el derecho a solicitar este tipo de viviendas, quiénes pueden ser sus beneficiarios y su proceso de adjudicación.

Entre sus aportaciones, FACUA Cádiz propone que el Reglamento establezca la creación de un registro público de las viviendas que se destinarán a dar respuesta a estas situaciones de emergencia social, con la finalidad de dotar de la mayor transparencia posible a su proceso de adjudicación.

La Asociación de Consumidores también solicita que se habilite la posibilidad, no contemplada en la propuesta inicial del Ayuntamiento, de que las familias que reciban una de estas viviendas puedan quedar también exoneradas de tener que afrontar el pago de los gastos relacionados con la instalación y consumo de suministros (luz, agua y gas).

En la propuesta municipal se establece que el impago de estos gastos puede acarrear el desahucio de la vivienda. Según esta organización, es probable que se dé la circunstancia de que la familia a la que se adjudique la vivienda sea incapaz de afrontar estos gastos, debido, precisamente, a la situación de precariedad económica que la hace merecedora de la misma.

FACUA Cádiz, también considera que si se mantiene el requisito de que los solicitantes se encuentren empadronados en la ciudad, recogido en la propuesta municipal, y que, a juicio de esta organización debiera eliminarse, la exigencia de llevar inscrito en el mismo con una antelación mínima de dos años se reduzca a uno.