Los responsables de la Federación de Asociaciones Vecinales 'Objetivos Comunes' (OCO), de la Unión de Consumidores (UCE) y de la organización de consumidores FACUA presentaron ayer más de 200 alegaciones en el Registro del Ayuntamiento de la ciudad, mostrando la postura contraria de consumidores y ciudadanos a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua. A estas organizaciones, que trabajan en la consolidación de la 'Plataforma ciudadana contra la subida de la tarifa del agua', se sumó ayer la Asociación de Amas de Casa Al-Andalus.

Las alegaciones quedaron registradas el último día del plazo para presentarlas. El siguiente paso es esperar la respuesta municipal. La ordenanza fue aprobada en pleno en solitario por el equipo de Gobierno del PP y el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, ha confirmado que responderá “en tiempo y forma a todas las alegaciones” y que en la “próxima factura del agua, todos los jienenses recibirán una carta explicando las mentiras de PSOE e IU”, según ha acordado con la empresa concesionaria, Aqualia.

Desde la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua los ciudadanos se han movilizado para denunciar la modificación de la estructura del recibo del agua en cuanto a los tramos por consumo y otros aspectos del recibo, que finalmente significarán un incremento de hasta un 22% por metro cúbico en el recibo, no sólo a consumidores domésticos, sino también a comercios e industrias.

La presidenta de OCO, María Cantos, señaló el “carácter discriminatorio de la subida prevista, ya que se basa en el concepto de bloques, que no tienen en cuenta ninguna circunstancia personal y además se aplica en el peor momento económico posible para las familias de esta ciudad”.

No obstante, el Ayuntamiento ha creado un fondo social para personas que no puedan pagar el recibo del agua y, según una sugerencia del Consejo Económico Social (CES), un elemento corrector para las familias numerosas que les permita consumir más agua sin pagar más.

Subida sin previsión de mejoras

En las alegaciones, las organizaciones dejan claro que “en ningún momento aparece en el expediente administrativo un informe económico financiero que justifique la modificación de las tasas y, por tanto, tampoco existe ninguna fiscalización o verificación de las cifras aportadas por parte de ningún órgano administrativo”.

Igualmente, con las alegaciones señalan que “en el expediente administrativo sí que aparece cuantificado el ingreso como consecuencia de la aplicación de la subida de tasa, más de 600.000  euros, pero en ningún momento se hace mención a mejora alguna en el servicio prestado por Aqualia.