Los monitores de apoyo administrativo de la provincia y compañeros de Granada se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno andaluz en la ciudad para reclamar al consejero de Educación, Luciano Alonso, la subrogación de los más de setenta profesionales que se han quedado sin trabajo.
Después de ocho años de ejercicio laboral, han perdido los puestos de trabajo que ocupaban en centros escolares de Infantil y Primaria, ante el cambio del sistema de contratación para el mismo puesto de trabajo que propone la Junta de Andalucía.
Hasta ahora, han ejercido con contratos de empresas privadas, que sólo les exigía el Graduado Escolar y una formación de al menos 30 horas de Ofimática. La Junta de Andalucía ha revocado los contratos y ofrece los mismos puestos a través del Servicio Andaluz de Empleo. El problema es que quienes opten a ese puesto de trabajo han de acreditar una formación que la mayoría de monitores afectados no tienen.
“Esta oferta exige la titulación de técnico superior de Administración y Finanzas o la de monitores socioculturales. Titulaciones que antes no se exigían y que deja fuera al 90% de los antiguos trabajadores”, valoró Javier Fernández, como portavoz de los monitores.
Igualmente, denunciaron la falta de sensibilidad del Gobierno andaluz con los trabajadores y la “nula apertura de un marco negociador que aporte una solución al problema de los despidos”.
Desde CCOO denunciaron que la Consejería ha decidido prestar directamente el servicio sin tener en cuenta a las personas que lo venían desempeñando desde el año 2006, en condiciones muy precarias.
Para CCOO el Gobierno andaluz incurrió en fraude en la contratación porque, aunque ésta fuera a través de empresas privadas, ha sido la Junta de Andalucía quien durante ocho cursos escolares ha ejercido, en definitiva, de empresa contratante, razón por la que los monitores de apoyo administrativo tienen un derecho adquirido frente a la Administración andaluza, porque ha sido parte de una cesión ilegal de trabajadores.
