La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, ha intensificado los controles sobre viviendas destinadas al alquiler vacacional y hospedaje en la capital jiennense, sobre todo coincidiendo con eventos como la reciente Expoliva, marcados por un alto número de visitas en la ciudad de Jaén.
Los agentes verifican y controlan que las viviendas y establecimientos cumplen con la normativa vigente, en materia de las comunicaciones preceptivas de los viajeros que se alojan en los establecimientos, así como sobre el cumplimiento de los registros documentales obligatorios.
La Policía Nacional también comprueba que la vivienda esté inscrita en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía y controlan y verifican el cumplimiento de la normativa turística de Andalucía, relativa a la actividad de los alojamientos turísticos de Jaén.
En las inspecciones realizadas con motivo de la reciente celebración en la capital jiennense de la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2023, se han inspeccionado de forma aleatoria ocho viviendas turísticas y se ha interpuesto una denuncia a los responsables de una de ellas que no cumplía con la normativa, según se ha indicado desde el Cuerpo Nacional de Policía.
Las sanciones que puede imponer la Subdelegación del Gobierno pueden ascender a los 30.000 euros, si se trata de una infracción grave, y 600 euros en caso de ser infracción leve a la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, si la vivienda es clandestina o no cumple con la normativa andaluza, podría ser sancionada por la Inspección de Turismo.
Asimismo, se viene informando a los encargados de las viviendas vacacionales de la obligatoriedad del cumplimiento del registro documental de los viajeros así como de la comunicación de los datos de dichos viajeros a la Dirección General de la Policía, en un plazo máximo de 24 horas desde que se produce la entrada del huésped en el piso o vivienda vacacional.
La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana establece que las faltas por incumplimiento de la normativa pueden ir de leves a graves y las multas desde 100 a 30.000 euros. Se consideran leves --de 100 a 600 euros-- las irregularidades en el cumplimiento de los registros, mientras que están catalogadas como graves --de 601 a 30.000 euros-- la negativa u obstrucción a la inspección policial, la carencia de registros o la omisión a la hora de comunicar los partes de viajeros.
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