La Junta de Andalucía, a través del Departamento de Inspección Pesquera, ha decomisado en la provincia de Huelva un total de 16.291 kilos de productos pesqueros en el primer semestre de 2020. Esta cifra supone un 56 por ciento más que durante el mismo periodo del año anterior, cuando se incautaron de 7.204 kilos.

"Las actuaciones siempre han contemplado la proporcionalidad y salvaguarda de los intereses del sector, de la población en general y de la protección de los recursos pesqueros", ha explicado a Europa Press el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, al valorar el balance llevado por Inspección Pesquera.

Respecto a los tipos de productos incautados, la mayoría ha sido pulpo (3.715 kilos), seguido de choco (2.553 kilos), boquerones (2.460 kilos) y coquinas (2.172 kilos). También se han retirado cantidades inferiores de sardinas (1.146 kilos), pota (957 kilos) y almeja japonesa (878 kilos), además de merluza, bacaladillas, cigalas y langostinos, entre otras especies.

En concreto, la mayor incautación fue una partida de 2.387,5 kilos de pulpo procedente de un país no comunitario, la cual fue introducida en España sin pasar por los controles reglamentarios en los puntos intrafronterizos. También se procedió a la inmovilización de cinco embarcaciones por diversas infracciones y se ha tenido especial atención al furtivismo del marisqueo a pie.

Las labores de la Inspección Pesquera durante los seis primeros meses del año han incluido el levantamiento de un total de 165 actas, de las cuales 101 han sido propuestas para sanción.

Los incumplimientos más comunes se refieren a la comercialización de productos pesqueros sin los requisitos de trazabilidad, etiquetado, higiene o información al consumidor. Asimismo, se han incautado productos procedentes del ejercicio de actividades de pesca sin disponer de licencia, especialmente asociadas a la práctica del marisqueo a pie y de embarcación; actividades de pesca en fondos o caladeros prohibidos; pesca en periodos y épocas no autorizadas; y captura, transporte o venta de pescado inmaduro que no alcanza la talla reglamentaria.

Álvaro Burgos ha afirmado que las operaciones del Departamento de Inspección Pesquera velan "por el cumplimiento de la normativa vigente, lo que conlleva tanto la protección de la sostenibilidad como la preservación de nuestros caladeros, fundamentales para mantener estos recursos en el futuro".

Al mismo tiempo, ha destacado la labor de seguridad alimentaria, "fundamental para los ciudadanos y su tranquilidad al consumir los productos". En este sentido, se han activado varios operativos que se han realizado detectando partidas de moluscos con toxinas, perjudiciales para la salud. Se llevaron a cabo "con total celeridad y eficacia, retirándolos de la comercialización".

Desde la Delegación Territorial también han destacado la importancia de la concienciación de toda la sociedad ante el grave problema del marisqueo ilegal, tanto para la sostenibilidad ambiental del caladero y de la propia actividad económica como para la salud pública.

Burgos ha resaltado la labor de los inspectores y del equipo de apoyo técnico, quienes "desarrollan su actividad durante las 24 horas, los siete días de la semana, ya que estas actividades ilícitas se realizan a cualquier hora".

El Departamento de Inspección Pesquera estuvo activo, incluso, durante el estado de alarma, ya que por Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 15 de marzo de 2020, se determinó a la Inspección Pesquera como servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el covid-19, para la prestación efectiva y el mantenimiento de los servicios públicos de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, el delegado territorial ha recordado el convenio que el Departamento mantiene con el Ministerio del Interior, poniendo de relevancia la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), así como agentes adscritos a los puestos de Isla Cristina, Ayamonte y Lepe de la Guardia Civil, en las intervenciones realizadas por la inspección pesquera.

Del total de kilos decomisados, un total de 2.376 kilos han sido devueltos al mar, sembrados en bancos naturales, 825 kilos han sido destruidos, no estando aptos para el consumo humano y 13.081 kilos han sido entregados a entidades benéficas, tales como Banco de Alimentos de Huelva, Asilo de Ancianos Santa Teresa Jornet, Cáritas, Congregación Hermanas de la Cruz de Huelva, de Moguer y de La Palma del Condado, comedores sociales de Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Ayamonte, Cruz Roja Huelva, Asociación Arrabales, etcétera.

El Departamento de Inspección Pesquera también ha colaborado en la donación de productos pesqueros que la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar) puso el pasado mes de mayo a disposición de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Al tratarse de productos pesqueros congelados, se retiraron de sus distintas instalaciones frigoríficas en el menor tiempo posible antes de realizar lotes equilibrados y distribuirlos sin romper la cadena de frío.

La donación alcanzó los 1.129 kilos de gamba, langostino, rape, pulpo y merluza, procedentes de empresas y grupos de empresas asociados a Anamar: Grupo José Martí Peix, Mariscos Rodríguez, Alfonso Riera, Baltimar (Fundación Ángel Muriel, Pesquera Gober y Venalcadi). La distribución se realizó en los distintos centros de Cáritas de Huelva, Sevilla y Jerez, así como centros sociales. Por otra parte, la empresa de Punta Umbría J. Delgado, S.L. puso a disposición de la Delegación Territorial la donación de un total de 2.450 kilos de diferentes productos pesqueros, los cuales fueron también entregados entidades benéficas de Huelva.

Álvaro Burgos ha recalcado que "la solidaridad de estas empresas ha dado de comer a muchas familias que están pasando por momentos muy difíciles", dejando constancia del agradecimiento por esta colaboración.

A la vez, ha realizado un llamamiento a los ciudadanos, a los que ha explicado que "si no se adquieren inmaduros y especies prohibidas, no se pescarán".

"Si no se compra en la venta ambulante ilegal, esta se erradicará. Sí se exigen garantías de la procedencia del pescado, se respaldará su correcto etiquetado con toda la información relativa al mismo", ha concluido.