La Diputación Provincial de Huelva ha aprobado este miércoles por unanimidad la moción para que la institución se sume a la manifestación en defensa de las infraestructuras de Huelva y su provincia que se convocará por parte del Ayuntamiento de la capital.
En la iniciativa, presentada por el diputado no adscrito, Ruperto Gallardo, se solicita que a esta reivindicación se unan las fuerzas sociales, empresarios, sindicatos, asociaciones de vecinos, así como invitar a todos los ayuntamientos de la provincia a sumarse a la manifestación.
En declaraciones a los periodistas previas al pleno, Gallardo ha precisado que esta moción "ya es conocida porque también se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento con el fin de reclamar todas las infraestructuras que Huelva y la provincia necesitan".
Al respecto, el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, José Fernández, ha asegurado antes del pleno que iban a apoyar esta moción, no obstante ha matizado que el diputado no adscrito "pudo traerla a pleno entre 2015 y 2018, más allá que sea oportuna o no, porque creo que no han empeorado los trenes en los últimos seis meses en relación a los siete años anteriores de gobierno del PP".
"Nos vamos a sumar porque desde que el PSOE gobierna en la nación hemos traído dos mociones al pleno al respecto y nadie nos va a dar lecciones de legitimidad porque hemos sido reinvindicativos y hemos tenido reuniones con el Gobierno actual, la diferencia es que el anterior tardó siete años en citarnos y el actual cinco días", ha remarcado Fernández.
Por otro lado, el pleno ha aprobado una moción solicitando al Gobierno central la puesta en marcha de un Pacto de Estado en materia de inmigración. La iniciativa, presentada por el grupo socialista, ha contado con el apoyo del diputado no adscrito y la abstención del grupo popular.
En la moción, se pide la participación de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las ONGs y las fuerzas políticas, y "que se deje al margen la confrontación partidaria para dar respuestas y aportar soluciones al drama migratorio con responsabilidad, coordinación y cooperación".
La iniciativa solicita además que el Pacto de Estado incorpore la adecuada atención de los menores extranjeros no acompañados (MENA) adoptando medidas legislativas para garantizar el interés superior de los menores en el marco de un plan estratégico plurianual que incluya atender a la integración de estos menores.
También pide solucionar la situación que se está produciendo en las costas de Andalucía desde el verano de 2017, agravada en los meses de julio y agosto de 2018, y aprobar un Programa Especial para el traslado y atención a menores extranjeros no acompañados desde Andalucía hacia el resto de las comunidades autónomas, en base a la responsabilidad compartida entre territorios. Además, se quiere que el Gobierno recupere en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 el fondo estatal para la integración de inmigrantes.
La segunda de las mociones presentadas por el grupo socialista ha salido adelante también con el apoyo del diputado no adscrito y la abstención del grupo popular. En ella se reclama al Estado la financiación adecuada para Andalucía y se recuerda que el segundo punto de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge que "la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años".
En este sentido, el portavoz del grupo socialista, José Fernández, ha asegurado que dicha disposición adicional "está siendo incumplida de manera reiterada en los Presupuestos Generales del Estado, en los que el Gobierno central debe consignar en cada ejercicio anual las dotaciones de inversión pública destinada a las comunidades autónomas", a lo que ha añadido que "ha habido una pérdida de recursos acumulada de 2.929 millones de euros.
A su vez, se pide que dicho cumplimiento se articule bien a través de los Presupuestos Generales del Estado, como está previsto en el Proyecto de Presupuestos, o si los mismos fueran prorrogados, por una modificación de crédito, impulsada por el Gobierno y apoyada por todos los grupos políticos.
Desdoble
También por unanimidad ha sido aprobada la moción del grupo popular mostrando su apoyo a la reivindicación de las comunidades de regantes de la provincia de Huelva en relación a dar prioridad a la actuación del desdoblamiento del túnel San Silvestre e instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los trámites administrativos y legales para la ejecución de la propuesta de desdoblamiento de dicho túnel.
Igualmente, se ha aprobado la moción del grupo popular para que la Diputación manifieste su malestar por los problemas en las comunicaciones ferroviarias de la provincia, exigiendo al Ministerio de Fomento las garantías suficientes para que incidentes como los que han venido sucediendo recientemente no se vuelvan a repetir.
La tercera moción del PP, en la que solicitaba que la institución inste a la Junta a adoptar las medidas oportunas para la dotación de personal de enfermería que asegure un servicio de calidad en la provincia de Huelva, ha sido rechazada.
Al respecto, el portavoz del PP en la Diputación, David Toscano, ha recordado que la provincia, según los profesionales, "necesitaría 1.467 nuevos enfermeros para pasar de un ratio de 2,1 enfermeros por cada 1.000 habitantes a la media europea, que se sitúa en 8,8 profesionales de la enfermería por cada 1.000 habitantes". No obstante, se ha mostrado convencido que "el nuevo gobierno andaluz que presidirá Juanma Moreno será sensible a estas demandas".
RECONOCIMIENTO A UNRWA
El pleno, en el que se ha ausentado por enfermedad el diputado del grupo de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, comenzó con la lectura de una Declaración Institucional de reconocimiento y apoyo económico a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa).
La encargada de leerla ha sido Mónica di Marcó, delegada en Andalucía de la citada agencia y en la misma se manifiesta el firme compromiso de apoyar su mandato en la prestación de servicios vitales para el bienestar, la protección y el desarrollo humano de los refugiados palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, Jordania, Líbano y Siria.
