CCOO ha denunciado “las prácticas ilegales de la empresa propiedad de la familia de la ministra de Empleo Fátima Báñez, Carnes Báñez SA, al estar más de 12 meses sin abonar las nóminas de sus trabajadores”. En este sentido, el secretario general del sindicato provincial de Comercio, Hostelería y Turismo, Manuel Salas ha explicado que “no esperábamos una actitud ejemplar por ser la empresa de la familia de la ministra, simplemente le pedimos que cumplan con la normativa legal vigente, tal y como la mayoría de los empresarios, y paguen a los trabajadores y trabajadoras los sueldos que se les deben”, ha recalcado.

Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras han decidido concentrarse frente a las puertas de la empresa “todos los días” a partir del 9 de enero para exigir el pago de los salarios que llevan esperando cobrar hace más de un año. Las reivindicaciones de los trabajadores se centran en la deuda que la empresa adquirió con ellos  cuando dejó de pagar los salarios para un año después iniciar un concurso de acreedores, que provocaría la extinción del contrato de toda la plantilla, pero sin haber asumido la deuda correspondiente.

Según ha explicado Salas, “desde entonces, Carnes Bañez SA ha hecho todo lo posible por dilatar el proceso, hasta el punto que el juicio, señalado para el 11 diciembre de 2012, se tuvo que suspender por no haber comunicado la empresa al juzgado correspondiente la existencia de un administrador concursal, lo cual unido a otras maniobras está dilatando de forma inusual un proceso que debería estar resuelto hace mucho tiempo”.

En ese sentido, para los trabajadores resulta muy frustrante que “se contrate al Despacho de Abogados Garrigues, uno de los más caros de todo el país, y que  con sus prácticas  esté dilatando el procedimiento”, ha afirmado Salas.

Carnes Bañez SA es una empresa emblemática en la localidad de origen de la ministra, San Juan del Puerto, propiedad de los padres y hermanos de la ministra por lo que los trabajadores esperaban que la empresa cumpliera con la legalidad vigente, y “lo que nos hemos encontrado es que la empresa propiedad de la familia de la ministra de Empleo  no cumple con la normativa y no paga a sus trabajadores”. “Nuestras familias están viviendo situaciones realmente desesperadas después de haber estado un año sin cobrar y trabajando, confiando en que la dirección de la empresa alcanzaría una solución, pero la solución ha sido despedirnos a todos y no pagarnos los salarios que nos deben desde hace más de un año” han finalizado.