La confederación de empresarios de Galicia (CEG) ha trasladado a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, su "máxima preocupación" por la expulsión de unos mil barcos de casi 16.500 kilómetros cuadrados en España, Portugal, Francia e Irlanda, en zonas consideradas como ecosistemas marinas.
A través de un comunicado de prensa, la patronal gallega indica que la comisión mar-industria de la CEG se ha mostrado "totalmente comprometida en la defensa del sector" y señala con una nueva reunión que existe "una unidad de acción en Galicia para defender el sector y para afrontar conjuntamente los problemas del mismo".
Creada en el seno de la CEG, la comisión se ha vuelto a reunir para compartir con la conselleira "todos los asuntos urgentes para su seguimiento" y ha agradecido a la titular del departamento, Rosa Quintana, "su disposición para trabajar en favor de los intereses con todos los agentes implicados".
Entre otras cuestiones, sus integrantes han trasladado la "máxima preocupación" por la expulsión de unos mil barcos de esas zonas y han señalado que "esta decisión de veto supondrá un impacto perjudicial muy acusado en la industria pesquera gallega".
"Es una medida desproporcionada e injusta por no contar con la información científica más actual disponible. Es imprescindible que se tengan en cuenta los preceptivos informes de impacto socioeconómico que esta medida tendrá", advierte la patronal gallega.
Los miembros de la comisión plantean la necesidad de que sean comisarios diferentes los que se encarguen de Pesca y de Medio Ambiente y Océanos.
Por otra parte, la comisión llama la atención sobre la exclusión del Gobierno de los productos pesqueros como alimentos básicos. Las estimaciones del sector apuntan a que las ventas de sus productos en España se han contraído un 20% en los dos primeros meses de 2023.
"Dicha exclusión está desincentivando su compra y, por tanto, agravando el descenso en su consumo, algo que ya padece desde hace años en España a pesar de ser uno de los alimentos básicos de cualquier dieta saludable", advierte la CEG.
En este sentido, recuerda que, además, "en prácticamente todos los países de la UE en los productos pesqueros están aplicando tipos inferiores al 10% que actualmente se imputa en España".
"Al impacto del IVA se une el nuevo gravamen al plástico de un solo uso, que se ha empezado a aplicar ya en España, a diferencia de otros países que han optado por acogerse a la moratoria que prevé la normativa comunitaria", critica. "Pedimos que España se acoja también a la moratoria y que eviten subir con ello el precio de los alimentos en esta época de inflación intensa", reclama.
También subrayan la promoción de la dieta atlántica como una dieta rica en alimentos de alto valor nutricional y que tiene un impacto positivo en la salud de los ciudadanos.
Con respecto al proyecto de Ley de Ordenación del Litoral, han insistido en la necesidad de una regulación propia, "sin perjuicio de revisar y actualizar la normativa estatal, que equilibre la protección de la naturaleza con la actividad empresarial e industrial que se desarrolla en el litoral, que debe ser preservada y reforzada, siempre en términos de sostenibilidad".
"Es necesario un marco que de seguridad jurídica y protección a los establecimientos ya existentes y a los de nueva creación y hacer un seguimiento de la tramitación de la nueva ley autonómica", subraya.
Por otra parte, se han mostrado "convencidos de que la renovación de la flota contribuiría a incrementar la seguridad y confort, lo que favorecería el relevo generacional y la transmisión del conocimiento, así como la fijación de población local".
Para ello, ha apuntado a los fondos Next Generation, para que "puedan ser utilizados en esta renovación y que no se entienda necesariamente que el aumento de toneladas y volúmenes de los barcos implica aumentar la capacidad pesquera, sino que lo que necesitamos es mejorar las condiciones a bordo".
La comisión mar-industria de la CEG propone también permitir a los patrones costeros polivalentes consolidado su enrole como tercer patrón en la flota de Gran Sol, sin el aumento de atribuciones, y ampliar el número de países con acuerdos de reconocimiento de títulos pesqueros, para facilitar la incorporación de titulados extranjeros.
Por último, piden que se aborde el proyecto de transición energética de la flota "analizando en profundidad las posibilidades reales del uso de combustibles y fuentes de energía neutros en carbono en los buques pesqueros y en todo caso que se garantice una transición que no implique inestabilidad para el sector".
