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Jueves 14/11/2024
 
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Estepona

Los vecinos del Puerto de Estepona afectados por ruidos continuarán reclamando sus derechos en los tribunales

El Juzgado de lo Contencioso de Málaga desestima la reclamación de una veintena de vecinos por los problemas que sufren por los ruidos de los bares del entorno. El tribunal considera que no ha habido dejación de funciones en esta materia del Consistorio. Los afectados ya han recurrido la decisión.

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El Ayuntamiento de Estepona ha ganado, de momento, la batalla por los ruidos que sufren los vecinos del entorno del puerto deportivo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga ha desestimado la reclamación efectuada por una veintena de propietarios que acudieron hasta los tribunales a denunciar los efectos que llevan sufriendo durante años por la contaminación acústica de bares y establecimientos de ocio de la zona.

Para el equipo de Gobierno, los tribunales han avalada la actuación municipal y eximido de indemnizar a los afectados con diez millones de euros. Una decisión que ya ha sido recurrida por los vecinos de Puerto Sol y Puerto Paraíso. Los propietarios denunciantes consideran lícito reclamar a la justicia por los años de ruidos sufridos ante la pasividad municipal y entienden que en la actualidad el Consistorio no cumple a rajatabla la normativa de contaminación acústica, a tenor de los efectos que sufren en sus viviendas. Sobre la indemnización, aseguran que en ningún momento han marcado ellos mismos la cuantía, estipulada a tenor de las mediciones aportadas desde el año 2000 en las que se refleja cómo triplicaban los decibelios permitidos según la normativa. Además, apuntan que su lucha no es cuestión económica sino que reclaman el derecho a poder descansar.

La sentencia -de 26 de mayo de 2014- subraya que “no se aprecia inactividad o pasividad de la administración local a la hora de actuar para combatir el ruido en el Puerto Deportivo durante el horario nocturno. En ese sentido, detalla que el Ayuntamiento “ha aportado al Juzgado numerosa documentación” en la que se acredita la exigencia de la licencia municipal para el desarrollo de cualquier actividad en el Puerto Deportivo, los certificados de que se han instalado limitadores acústicos en los locales autorizados como bares con música, así como la relación de expedientes sancionadores contra establecimientos que han vulnerado la normativa aplicable en estos casos.

Entre la documentación aportada al juzgado, según defiende el Consistorio, se detallan también las sanciones impuestas, las actas de precinto de varios locales, así como las diligencias policiales y expedientes de los técnicos de la delegación municipal, que se han incoado para evitar que los ruidos afectasen a los vecinos durante las horas de descanso nocturno. De hecho, la sentencia subraya que “se ha constatado que el Ayuntamiento ejerce un mayor control de las actividades respecto de lo que era habitual en la fecha en la que se remontan las primeras quejas y reclamaciones de los propietarios (2009)”.

El PP defiende un mayor control

En ese sentido, el concejal adscrito al área de Comercio, José Antonio Vílchez, ha señalado que el actual equipo de gobierno ha sido “sensible a esta problemática” y ha “adoptado medidas para garantizar y compatibilizar los derechos de los propietarios y del resto de ciudadanos”.
Por otro lado, el edil ha recordado que el Puerto Deportivo es desde hace varios años uno de los principales espacios de ocio del municipio, que atrae a cientos de vecinos y turistas cada fin de semana, y que el Ayuntamiento debe garantizar también el derecho de los establecimientos a ejercer su actividad, “siempre que cumplan con la normativa que regula la contaminación acústica”.

Asimismo, ha apuntado que para las arcas municipales hubiese resultado “especialmente lesivo” tener que afrontar el abono de una indemnización tan cuantiosa, ya que los propietarios de la zona solicitaban cantidades desde el año 2009. El responsable de Comercio ha añadido que el Ayuntamiento continuará con controles a los establecimientos de ocio nocturno mediante la realización de inspecciones para comprobar que disponen de limitadores acústicos, que advierten de los excesos de ruido y que éstos se encuentran activados.
 

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