“Hay que tener bastante fanatismo y ser bastante cretino para militar ahí”, afirmó Silva Sande durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por la colocación de explosivos en dos torres de transmisiones de Radio Nacional y del Ejército del Aire en 1998.
Además, explicó que sus declaraciones respecto a la banda eran ayer diferentes a las que venía realizando desde que fue detenido en 2000 porque “entonces todavía tenía fe en la secta y en su líder”.
“Hablaba como todos los fanáticos, enajenado”, afirmó el acusado, que tiene 41 causas abiertas en la Audiencia Nacional, de las que se han derivado cinco condenas que suman un total de 158 años de cárcel, por lo que añadió: “No aspiro a nada ni espero nada del futuro, pero ahora me siento más libre que nunca, aunque esté en la cárcel”.
Ante estas manifestaciones, otra de las procesadas en la vista de ayer, María Victoria Gómez Méndez, que también formaba parte de la cúpula de los Grapo, le interrumpió al grito de “!qué cobarde eres, reconoce tus responsabilidades, cobarde!”.
Silva Sande también afirmó ayer que el también imputado Manuel Pérez, el “camarada Arenas”, era “el jefe, el líder” que presidía todas las reuniones del comando central de la banda, cuya autorización era necesaria para llevar a cabo cualquier acción.
Esta afirmación contradice la del cuarto procesado en el juicio celebrado ayer, Jorge García Vidal, que ha asegurado que en aquella ocasión colocó los explosivos por iniciativa propia y sin tener que pedir ninguna autorización al comando central.
También María Victoria Gómez Méndez afirmó que los distintos comandos de la banda tenían autonomía para llevar a cabo las acciones que quisieran sin necesidad de pedir en ningún caso autorización expresa para ello al comité central.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, García Vidal colocó, por orden de sus tres compañeros de banquillo, sendos explosivos en la torre de RNE, situada en el municipio madrileño de Arganda del Rey y en el repetidor del Ejército del Aire, ubicado en la localidad también madrileña de Valdilecha.
El representante del Ministerio Público pide para los cuatro siete años de prisión por un delito continuado de daños terroristas por estos hechos.
