La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, lo que jamás ocurrió. 

Según ha informado Fiscalía de Madrid, en su escrito de acusación el Ministerio Público considera que Cifuentes indujo a esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que "jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

Asimismo, el fiscal pide 21 meses de prisión como autora de la falsificación del acta para Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes y que trabajaba como personal laboral en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Rosado fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011–2012 por el Instituto de Derecho Público, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de post grado.

El fiscal solicita para ella una pena inferior a la de Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.

Del mismo modo, imputa a Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público, ser coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión

Mientras que a María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC, solicita otros tres años y tres meses de cárcel.

Según el escrito del fiscal, cuando eldiario.es publicó que Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas del máster, la expresidenta se puso en contacto con Feito porque había sido profesora en la Rey Juan Carlos durante años y tenía una buena relación con profesores, el rector y el catedrático Enrique Álvarez Conde.

Cifuentes quería que Feito hiciera las gestiones oportunas "con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado”, a los que la ésta accedió, añade la Fiscalía.

Así, de acuerdo con Álvarez Conde, "y a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el trabajo fin de máster (TFM) y no había procedido a su defensa", decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría "apariencia de verosimilitud".

Todo ello, continúa el fiscal, para acreditar de cara a los medios de comunicación que la expresidenta había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.

Tras una rueda de prensa del rector de la URJC el 21 de marzo pasado y de Álvarez Conde, éste llamó a Cecilia Rosado "dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase" que Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012 ante el tribunal conformado por Rosado como secretaria, Clara Souto como vocal, y Alicia López de los Mozos como presidente.

Cecilia Rosado, dada la "fuerte jerarquía" existente entre ella y el catedrático y "ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo" si no acataba lo que se le pedía, accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas, resalta el escrito. 

Es más, recalca el fiscal, Rosado hizo constar "mendazmente" que "reunidos el tribunal de evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7,5)" y estampó en el acta su firma y otras dos imitando las de las profesoras Clara Souto y Alicia López de los Mozos.

A continuación, creó un e mail a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, Javier Ramos López, "que ignoraba las manipulaciones realizadas", según el Ministerio Público.

Ese mismo día, de forma "insistente" y "agobiante" María Teresa Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado "indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza".

Por lo que respecta a las multas, la Fiscalía pide para Álvarez Conde y para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros, y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

Aún no se ha fijado la fecha para la celebración del juicio.