La presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso de las tarjetas 'black', Ángela Murillo, ha declinado la petición de los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia que han solicitado el aplazamiento de la vista ante el aplazamiento de la declaración de Jaime Terceiro --presidente de la caja entre 1988 y 1996-- que está citado en calidad de testigo el 14 de noviembre.

La novena vista del juicio ha comenzado con la petición del abogado del expresidente de la Comisión de Control de la entidad extinta, Pablo Abejas, de que se posponga la vista hasta que no se produzca la declaración del antecesor de Miguel Blesa al frente de la caja al entender que el retraso de la declaración de Terceiro, que estaba previsto en un primer momento para hoy,se trata de una "clarísima indefensión" hacia los acusados.

A esta petición se han adherido las defensas de los exconsejeros José María Arteta, Gonzalo Martín y la de Gerardo Díaz Ferrán asegurando que el testimonio del que es, según gran parte de los acusados, el responsable de la puesta en marcha de las tarjetas 'black', es de "gran trascendencia".

Jaime Terceiro estaba llamado a declarar en calidad de testigo y estaba previsto que fuera el primero en abrir la ronda de testificales que comienza hoy tras ocho sesiones de juicio. Sin embargo ayer Murillo anunció que Terceiro declararía el 14 de noviembre dado que a que se había producido un error y no fue citado correctamente para el día de hoy.

POSTURA DE FISCAL

Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido que continúe la vista "no porque tenga un especial interés en guardar un as en la manga" sino porque se comience con la ronda de testificales que da comienzo con la declaración del exconsejero delegado de Bankia, Francisco Verdú.

Luzón ha dicho que si de la declaración de Terceiro surge alguna novedad se podría volver a solicitar a los testigos una nueva declaración pero que suspender el juicio un mes "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva"; un argumento al que se han adherido las acusaciones.

El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal se encarga de dirimir si los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por el uso que hicieron de sus tarjetas opacas y a las que cargaron un total de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012.