Agentes de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de esta mañana en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) en busca de información sobre la desaladora de Escombreras, según ha podido saber Europa Press
Los agentes, pertenecientes a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo de Madrid, se han personado de paisano en estas dependencias y han solicitado la licencia de obras y la licencia de actividad de la planta desaladora. El alcalde de Cartagena, José López, también tiene las competencias del área de Urbanismo e Infraestructuras.
La operación dio comienzo este martes cuando la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, a instancias de una querella presentada por la Fiscalía a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, registraron las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, que actualmente se encuentra en funcionamiento, a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, cuyas actuaciones ha declarado secretas.
La petición responde a la querella presentada hace meses y admitida a trámite en 2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, "lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público".
Así como que los supuestos delitos a los que responde la investigación son malversación de fondos públicos, fraude o administración desleal, entre otros.
Las gestiones que se han realizado desde su inicio en 2006-2007 ha sido motivo para la reciente creación en la Asamblea Regional de una Comisión de Investigación, al objeto de que se analicen todas las operaciones que se han realizado con relación a esta planta y la razón de por qué se construyó y los perjuicios que ha acarreado esa decisión.
En virtud de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras han declarado ya los expresidentes regionales Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre, así como el exconsejero y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, la exministra Cristina Narbona, o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes.
El abogado murciano Diego de Ramón, que fue el primero que interpuso en 2010 una querella a la Fiscalía para instar a la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de esta desaladora, afirmó a Europa Press que se trata del "mayor escándalo de corrupción" de la Región de Murcia, al suponer un "agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional".
