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Martes 26/11/2024
 
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España

Los presidentes de los Supremos español y portugués defienden la independencia judicial como derecho ciudadano

"No es privilegio de los jueces, sino derecho fundamental", recordó el presidente del TS portugués a la reina María II en 1843

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  • LESMES -

Los presidentes de los tribunales supremos español y portugués, Carlos Lesmes y Antonio Henriques, respectivamente, han defendido este lunes en el Palacio de las Salesas, sede del Tribunal Supremo, el principio de independencia judicial como pilar básico de la actuación de sus instituciones y base de una sociedad democrática.

   Ambos han inaugurado el primer Encuentro hispano-luso de tribunales supremos, que permite la celebración de varias mesas redondas en las que participan magistrados de ambos países para tratar temas como las jurisdiccionales supremas con los respectivos Tribunales Constitucionales y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el acceso a los recursos, la doble instancia penal y el recurso de casación.

   Durante su intervención, en la que ha realizado un breve repaso de la historia del Supremo español, Lesmes se ha referido a lo cambios que próximamente sufrirá la institución como consecuencia de la revisión del recurso de casación, que propiciará que el alto tribunal pase a ser una "institución diferente" pero que seguirá cumpliendo con la misión que viene desarrollando durante los últimos 200 años.

   Henriques, por su parte, se ha referido al espíritu de independiencia judicial como principio que une ambas instituciones, de las que ha recordado que han llevado una historia muy pareja desde su creación en el siglo XIX.

   Ha destacado que dicha independencia es un pilar de la democracia y que los tribunales supremos funcionan en este contexto como "faros" en la sociedad.

   En este sentido, ha aludido a un episodio histórico de 1853, cuando el primer presidente del Tribunal Supremo de Portugal, José Da Silva Carvalho, remitió una carta a la reina Maria II de Portugal después de que ésta firmara un decreto que iba contra la inamovilidad de los jueces, una de las bases de su independencia.

   En ella le decía que este principio, el de la independencia, no es un privilegio de los jueces, sino un derecho fundamental de los ciudadanos, un mensaje que para el presidente del tribunal supremo portugues sigue perfectamente vigente.

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