El Tribunal Militar Territorial Primero ha vuelto a archivar la causa por el siniestro del helicóptero Cougar que se estrelló el 16 de agosto de 2005 en Afganistán, provocando la muerte de 17 militares, al considerar que no existe responsabilidad penal y rechazando "definitivamente" que el aparato sufriera un ataque.
El tribunal ha llegado a esta conclusión tras haber tomado declaración el pasado mes de mayo a cuatro jóvenes afganos que presenciaron el siniestro, una prueba solicitada por la familia de una de las víctimas mortales y que llevó a reabrir la causa, que ahora se cierra por tercera vez.
No obstante, la familia del piloto David Guitard, que considera que la causa se ha cerrado "precipitadamente otra vez más", presentará próximamente un incidente de nulidad de actuaciones y, si no fuera estimado, acudirá al Tribunal Constitucional, porque está convencida de que todavía hay "muchas cuestiones sin resolver y muchas dudas por aclarar".
Así lo ha asegurado a Europa Press, el abogado de la familia del capitán Guitard, Mariano Casado, quien ha manifestado el rechazo de la familia a esta decisión y su intención de llegar "hasta el final" para defender "los intereses de los que allí murieron".
Este miércoles se cumplirán siete años del siniestro, ocurrido durante una misión en la que participaron dos helicópteros Cougar, que debían cubrir el trayecto entre Herat y Shindand. El primero de los aparatos se estrelló, acabando con la vida de 17 militares, y el segundo, que iba detrás, realizó una maniobra de aterrizaje tras perder de vista al otro aparato y ver una columna de humo. Algunos de los ocupantes de este segundo helicóptero sufrieron heridas y contusiones.
Tras escuchar a los cuatro jóvenes afganos, el tribunal militar ha vuelto a cerrar la causa, en un auto con fecha del pasado julio, alegando que las pruebas "abundantemente realizadas" han llevado a la conclusión de que la caída del Cougar se debió al "impacto" que sufrió contra una pequeña elevación del terreno que sobrevolaba.
En esta "causa inmediata" influyeron de manera "muy probable" varias "circunstancias": la baja altura y la velocidad con que volaba el aparato, el viento que lo empujaba, las condiciones del terreno y la visibilidad. Aunque admite que no es posible descartar otros factores "de una manera rotunda y definitiva", el tribunal argumenta que los señalados son los que con "más alto grado de probabilidad" intervinieron en el siniestro.
LA PRESENCIA DE LOS CUATRO JÓVENES PUDO AFECTAR AL PILOTO
Y en este conjunto de circunstancias incorpora una que, según la familia del piloto, no había sido tenida en cuenta: la posibilidad de que la "presencia" de los cuatro jóvenes afganos que presenciaron la caída afectara a la atención del piloto y, por tanto, a su "capacidad de reacción ante lo imprevisto".
En cualquier caso, estima el tribunal que el siniestro fue un hecho "de naturaleza o carácter fortuito" del que no cabe extraer ninguna responsabilidad penal y sobre el que no hay más pruebas que realizar, entre otras cosas, dado el tiempo transcurrido desde que ocurrió.
Además, descarta "definitivamente" la posibilidad de que la caída se debiera a un ataque, una versión no descartada en un principio pero sí rechazada por los informes técnicos elaborados. Para ello, se apoya en la declaración que prestaron los cuatro jóvenes afganos el pasado mes de mayo por videoconferencia y en la que ofrecieron "exactamente la misma" versión que dieron cuando se les interrogó en 2005 en Afganistán.
En concreto, los jóvenes explicaron que antes de que el helicóptero apareciera repentinamente donde estaban fabricando ladrillos "no oyeron ningún tipo de detonación, disparo ni nada que se le pareciera" y aseguraron que su pueblo y la zona de alrededor es "tranquila desde que fueron derrocados los talibanes, que ya no están por esa zona". "Los cuatro", remacha el tribunal.
El tribunal acusa a la parte recurrente de querer "rizar el rizo" al advertir contradicciones en sus declaraciones, cuando "coinciden totalmente con lo que las personas que les preguntaron en el momento y lugar de los hechos dicen que dijeron".
El auto recuerda además que en el análisis del lugar del siniestro no se encontró ningún resto físico que pudiera responder a "artefacto alguno con capacidad para derribar a las aeronaves" ni hubo "reivindicación alguna del presunto atentado o 'acción de guerra'".
SIETE AÑOS PARA INTERROGAR A LOS TESTIGOS
En el archivo, el tribunal también hace una velada crítica a la instrucción de la causa, al "lamentar" que los cuatro testigos, que son "los únicos que vieron y oyeron lo que sucedió", hayan declarado ocho años después -- "¡¡por fin!!", recalca el auto-- pese a que aseguraron haber permanecido en su pueblo todos estos años. De hecho, apunta que sólo se tardó "ocho o nueve días" en localizarlos para tomarles declaración, a pesar de que se consideró impracticable esta prueba.
La búsqueda de estos cuatro jóvenes fue uno de los motivos aducidos por el Tribunal Militar Territorial Primero para la reapertura de la causa por segunda vez a principios de este año. La causa fue archivada por primera vez por el juez togado militar territorial número 11 en febrero de 2011, que volvió a cerrar el caso en mayo de ese mismo año.
El Tribunal Militar Territorial Primero revocó la decisión para que se realizaran dos pruebas: el interrogatorio de los cuatro "testigos privilegiados del accidente" y la declaración del agente del Centro Nacional de Inteligencia que les tomó declaración en 2005.
