El pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha aprobado una ordenanza de "convivencia ciudadana en el espacio público", que sanciona la mendicidad "con coacción y acoso", y la oferta y la demanda de la prostitución en las calles.

En el pleno, la ordenanza ha sido aprobada definitivamente con los votos a favor del PP, que gobierna la ciudad, y del PA, el rechazo del PSOE e IU y la abstención de Independientes Portuenses.

Según el concejal delegado de Policía Local y Protección Civil, Carlos Coronado, la ordenanza "va a cubrir un vacío legal para atajar las conductas incívicas en espacios públicos y responde a una demanda de la propia ciudadanía".

El concejal ha subrayado que el texto ha tenido un periodo de exposición pública y de alegaciones por un plazo de dos meses, duplicándose el plazo reglamentario, para que contara con "mayor participación" y buscar "el mayor consenso posible".

La nueva ordenanza implica que en determinados casos, primero los agentes de Policía Local adviertan a los infractores para que abandonen esa conducta y en caso de persistir, se procede a incoar la denuncia, que será trasladada al Área o Concejalía competente y en base a los criterios fijados en la propia ordenanza se tipificará la sanción y su cuantía.

Además de tratar de atajar "mayores costes generados por actos vandálicos", la nueva ordenanza sanciona la mendicidad "que se ejerce con coacción y acoso, impidiendo el tránsito de las personas", aunque prevé que la sanción sea sustituida por "sesiones de atención individualizada con los servicios sociales municipales".

La normativa trata también de regular la ocupación del espacio público "como consecuencia de las actividades de ofrecimiento y demanda de servicios sexuales", por lo que "se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas conductas excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público".

Estará especialmente prohibida, según el concejal, cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios "situados a menos de 200 metros de distancia de centros docentes o educativos, zonas residenciales o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna".

La concejal de IU en el municipio gaditano Pepa Conde ha explicado a EFE que la norma "no tiene un planteamiento serio", deja "al libre albedrío de la policía local" determinar que supone "una invasión del espacio público" y "tiene más pinta de ser recaudatoria y represiva" que de intentar afrontar problemas sociales que, más que sanciones, precisan "planes integrales".