En este sentido, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han informado de que, en este caso, la juez ha imputado a ocho agentes de la Policía Local que se encuentran en activo y a un agente ya jubilado, todos ellos pertenecientes a la Unidad de Motoristas, así como a dos personas ajenas al Cuerpo, aunque fuentes judiciales consultadas por Europa Press apuntan a la imputación de 11 agentes y una persona ajena a la Policía Local.
Al hilo de ello, las fuentes municipales consultadas han indicado que, de manera cautelar, se ha propuesto el cambio de destino de los ocho agentes de la Unidad de Motoristas de la Policía Local imputados que actualmente se encuentran en activo. Asimismo, y una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, se decidió abrir expediente disciplinario contra los nueve agentes presuntamente implicados en los hechos.
INVESTIGACIÓN INICIADA EN JUNIO DE 2010
No obstante, las fuentes han remarcado el derecho a la presunción de inocencia del que gozan todos estos agentes, por lo que estos expedientes disciplinarios se encuentran supeditados a la resolución judicial que en su día se dicte y no se adoptarán medidas administrativas ni disciplinarias contra los policías hasta tanto en cuanto concluyan las actuaciones judiciales.
Los policías locales imputados, fuera de su horario de trabajo y ataviados con el uniforme policial, habrían realizado trabajos de escolta de traslado de mercancías o servicios relacionados con la grúa, unos trabajos por los que el Ayuntamiento cobra determinadas tasas --se calcula que entre 20 y 80 euros-- pero que ellos supuestamente se apropiaron, sin dar cuenta así al Consistorio municipal.
De este modo, la investigación policial en torno a los hechos descritos se iniciaron en el mes de junio del pasado año 2010, e incluso se creó una unidad específica dentro del Cuerpo para investigar la presunta trama; así, la investigación sigue en estos momentos "abierta", por lo que no es descartable que se pueda determinar la participación de más personas en los hechos. Todas las personas imputadas han sido citadas a declarar el próximo mes de febrero.
La investigación judicial comenzó después de que un agente de la Policía Local fuera detenido por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional dentro de una operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes que se saldó con la intervención de 1.500 kilos de hachís. Los agentes de la Udyco registraron la taquilla del agente detenido y, a raíz de estos registros y de una serie de escuchas telefónicas, la juez decidió investigar este presunto delito de cohecho en una pieza separada.
Viva Sevilla publicó el viernes que:
El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha citado a declarar en el mes de febrero a diez agentes de la Policía Local y a otras dos personas ajenas al cuerpo, a los que se les imputa un presunto delito de cohecho por el supuesto cobro ilícito de tasas municipales.
Los policías, pertenecientes todos a la Unidad de Motoristas de la sección de Tráfico, supuestamente realizaban, fuera de su horario de trabajo aunque vestidos con uniforme y con vehículos oficiales, funciones de escolta para transporte de mercancías de grandes tonelajes o escolta de grúas de grandes dimensiones -no de las que retiran coches-, unos servicios que realiza el Ayuntamiento habitualmente a las empresas de transportes y construcción que se lo soliciten y por el que el Consistorio se embolsa una serie de tasas reguladas por ordenanzas municipales, ingresos que nunca habrían llegado a las arcas municipales por presunta apropiación indebida de los agentes.
Fuentes policiales desvelaron ayer a Viva Sevilla que el total de dinero que habría dejado de percibir el Ayuntamiento por estas prácticas ilegales sería algo más de 500.000 euros -cifra cercana a los 600.000 euros-.Según estas mismas fuentes, de los diez agentes supuestamente implicados, dos son mandos del cuerpo -J. S. J, inspector jefe de la Unidad de Motoristas, y M. S. A, un subinspector de esta unidad jubilado este verano- y el resto son ocho agentes, de los que tres pertenecen a la misma familia. Los otros dos implicados son personas ajenas a la Policía Local, siendo uno de ellos un encargado de la empresa Grúas Lozano, sociedad que habría contactado con estos agentes para que les realizase los trabajos a menor coste -entre 20 y 80 euros por servicio- que el que le supondría hacerlo legalmente a través del Consistorio.
A día de hoy la investigación todavía sigue abierta, por lo que no se descarta la imputación de más personas. La sección del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla señaló al respecto a Viva Sevilla que “espera que se mantenga la presunción de inocencia de sus compañeros, que sólo están llamados a declarar lo que no quiere decir que sean culpables”.
Según Luis Val, portavoz del Sppme, son “varios” los policías implicados y no se puede “culpabilizar a a toda la unidad de motoristas” porque ésta “la forman cien personas”. “Si se demuestra que lo han hecho y son condenados, que caiga todo el peso de la Ley contra ellos”, dijo Val.
El inicio
La noticia de la existencia de esta trama saltó a la luz en marzo de 2011, cuando ya declararon una treintena de agentes -el cabecilla murió el año pasado-. Incluso, por esa época, el exjefe de la Policía Local, José Aulet, creó una unidad interna específica para realizar las pesquisas. Pero fue en septiembre de 2009 cuando la jueza Carolina Herencia arrancó la investigación a raíz de un caso de narcotráfico, por el que hay doce personas imputadas, entre ellas un policía local hispalense, J. S. F, que ingresó en prisión, pagó su fianza y que en la actualidad presta sus servicios al Cuerpo. La jueza ordenó una serie de escuchas y registros a este agente que desvelaron una serie de pruebas con las que se originó el presente caso.
